El sector humanitario se enfrenta a un déficit de financiación sin precedentes y las organizaciones toman decisiones difíciles al decidir a qué poblaciones atender de forma prioritaria. En este artículo se presentan cuatro principios para el establecimiento de límites eficaces en materia de ayuda humanitaria.

En 2023, el sistema humanitario se enfrentaba al mayor déficit de financiación de su historia. Como resultado de la violencia surgida en Ucrania, Sudán y Gaza, sumada a la situación prolongada de muchas otras crisis, en el Panorama global humanitario 2023 se planteó un llamamiento global récord de recaudar USD 56 700 millones. No obstante, en enero de 2024, solo financió el 40 %, lo que supuso un déficit de USD 33 600 millones. Al final, en 2023 se atendió a menos personas que en 2022 —128 millones frente a 157 millones respectivamente— y todo apunta a que el déficit continuará, dado que las entidades donantes tradicionales o bien no están aumentando la financiación al mismo ritmo que las necesidades o están recortando la asistencia.

El déficit de financiación ha provocado una gran urgencia de introducir cambios. En su Panorama global humanitario 2024, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de las Naciones Unidas redujo la solicitud global de financiación respecto a la de 2023 y disminuyó en más de 63 millones el número de personas en situación de necesidad a las que pretendía asistir.

Esta reducción refleja el mayor énfasis que han puesto en los dos últimos años tanto la OCHA como los planes de respuesta humanitaria de los países con respecto al ‘establecimiento de límites’ y la ‘priorización’. El establecimiento de límites implica determinar qué sectores, actividades y zonas geográficas se incluyen en una respuesta basada en una evaluación de las necesidades, así como determinar la capacidad de cada organización, la capacidad más general de respuesta y las limitaciones operativas. La priorización puede incluir preparar respuestas específicas en función de las necesidades más críticas y vitales, poniendo foco en zonas geográficas concretas o factores específicos del contexto, como centrarse en programas destinados a crear o reforzar sistemas de prestación de servicios.

Aunque difíciles y a veces controvertidos, tanto el establecimiento de límites como la priorización tienen una función intrínseca importante para que el sector humanitario pueda satisfacer con eficacia las necesidades de las personas con mayor vulnerabilidad del mundo. La respuesta de las entidades donantes no está siendo acorde al aumento de las necesidades humanitarias con el paso de los años ni al consiguiente incremento de los llamamientos. El sector humanitario, además, deberá ponderar si solamente está en quiebra o si se encuentra profundamente desvirtuado. Y ese examen debería haberse traducido en reformas concretas hace ya mucho tiempo.

Sin embargo, se corre el riesgo de que este proceso deje rezagadas a millones de personas en situación de necesidad y dificulte los avances de los enfoques de resiliencia a más largo plazo, en particular los destinados a las personas refugiadas y en situación de desplazamiento interno debido a crisis prolongadas, así como a los grupos marginados. El establecimiento de límites y la priorización no resolverán por sí solos el enorme desfase entre las necesidades y los fondos otorgados por las entidades donantes. Estas deben dar respuesta al aumento de los desplazamientos forzados provocados por la inacción política colectiva al momento de prevenir nuevos conflictos y resolver las crisis de larga duración. Sin embargo, en la ‘nueva normalidad’ de la financiación, se necesita un enfoque colectivo e intencionado por parte del sector humanitario para asegurar que los recursos escasos beneficien al mayor número posible de personas en situación de necesidad.

Impactos del establecimiento de límites y la priorización

El mayor énfasis que se ha puesto en el establecimiento de límites y la priorización se ha manifestado de forma diferente en las respuestas de los distintos países. En muchos casos, se ha plasmado en una selección geográfica más restringida y en recortes generales del número de personas que reciben ayuda humanitaria. Según un análisis realizado por Humanitarian Funding Forecast, en el Panorama global humanitario 2023 se pretendía llegar al 68 % de las personas en situación de necesidad, mientras que en el de 2024 el objetivo es del 60 %.

Otra consecuencia ha sido un enfoque renovado en el Panorama global humanitario y los planes de respuesta de los países hacia la ayuda de emergencia, al tiempo que se aboga por iniciativas para el desarrollo complementarias. El plan de respuesta humanitaria de Somalia para 2024 eliminó de la programación prioritaria la resiliencia, los medios de vida no urgentes y las soluciones duraderas para las personas desplazadas internas (PDI), y se subrayó que estos programas deben coordinarse a través de mecanismos no humanitarios. El plan regional de respuesta para las personas refugiadas sirias para 2024 se centra en atender únicamente a quienes estén en situación más crítica con ayuda en efectivo e intervenciones de distribución de alimentos, mientras que destaca la necesidad de reforzar los sistemas nacionales para asistir a las personas desplazadas.

Este proceso es, en muchos sentidos, un mero reflejo de la situación imperante. La población refugiada siria se ha topado con recortes progresivos de la asistencia básica como consecuencia de la disminución de la ayuda, y la respuesta de 2023 se financió en apenas un 31 %. Resulta esencial verificar que los escasos fondos lleguen a quienes más los necesitan y, por ello, la priorización se ha implementado junto con acciones para mejorar las evaluaciones sobre vulnerabilidad. Sin embargo, cuando nueve de cada diez personas sirias refugiadas en el Líbano viven en la pobreza extrema y se enfrentan cada vez más a amenazas para su protección y a la exclusión de los servicios nacionales, la consecuencia es que algunas de las personas que están en situación más crítica tienen acceso a asistencia vital y otras no[i].

Durante una visita reciente a Somalia, advertimos que la priorización geográfica ha implicado que a las áreas más estables se les haya reconocido un menor grado de prioridad como parte de la respuesta humanitaria. No obstante, las entidades donantes de ayuda para el desarrollo aún no han llenado ese vacío, y esto implica que podrían revertirse los logros que tanto costó conseguir en zonas que acogen a miles de PDI y que se están recuperando de la sequía.

Para garantizar que el establecimiento de límites y la priorización traigan consigo una respuesta humanitaria global más eficiente, eficaz e inclusiva para las comunidades desplazadas, destacamos cuatro principios fundamentales: eficacia en función del costo; garantía de inclusión de las personas más vulnerables; apropiación local de las respuestas, y asociaciones deliberadas con agentes del desarrollo.

Principio 1: eficacia en función del costo

La eficiencia y la eficacia en función del costo deben ocupar un lugar central en las respuestas humanitarias. Para ello, es necesario asignar los recursos de la mejor manera posible para lograr el máximo impacto a la hora de atender las necesidades humanitarias del mayor número posible de personas en contextos frágiles y afectados por conflictos. Eso implica mejorar las operaciones de cada organización y cambiar la forma de concebir y financiar los programas sectoriales, en colaboración con entidades donantes, Gobiernos y la sociedad civil local.

Como parte del proceso de priorización y establecimiento de límites, los agentes deben analizar cómo pueden colaborar para que los costos de intervenciones similares no varíen sustancialmente, y participar en un intercambio de enseñanzas extraídas en cuanto a eficiencia y eficacia. El Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) ha desarrollado una herramienta de cálculo de costos innovadora, llamada Dioptra, y se ha unido a otras ONG internacionales para utilizarla. Con esta herramienta se pueden analizar los costos de intervención de los programas en relación con sus resultados y logros.

Además, en las decisiones que atañen a la programación deben integrarse pruebas sobre rentabilidad. Un ejemplo clave de este enfoque basado en pruebas es la ampliación del sector de ayuda en efectivo como una modalidad eficiente en cuanto a los costos, que empodera y tiene gran impacto en aquellos contextos donde los mercados funcionan adecuadamente. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para asegurar el mejor uso posible de los recursos.

Por último, hay que tener en cuenta el costo de la economía de escala. Un análisis de la eficiencia en función de los costos realizado por el IRC en 2015 indicó que el principal factor que impulsaba dicha eficiencia era la escala a la que se ejecutaban los programas, ya que a mayor escala se podían repartir los costos fijos de las intervenciones entre una clientela mayor. Reducir la clientela sin bajar los costos por cliente (y posiblemente perder la economía de escala) es, en última instancia, contraproducente para el objetivo de crear respuestas humanitarias más eficaces.

Principio 2: garantía de inclusión de las personas más vulnerables

Los agentes de la ayuda humanitaria deben cerciorarse de que la opinión de las poblaciones afectadas y las necesidades de los grupos marginados ocupen un lugar central, tanto en la evaluación de las necesidades como en las fases de priorización de las respuestas humanitarias. A su vez, en la priorización debe prestarse atención al hecho de que el conflicto y el desplazamiento afectan de manera desigual a los grupos marginados, como las personas refugiadas con discapacidad, las personas sobrevivientes de violencia de género y las poblaciones desplazadas en zonas de difícil acceso.

Priorizar la eficiencia y la eficacia en función de los costos implica utilizar los recursos con el fin de aumentar al máximo el impacto para las poblaciones afectadas, en vez de un enfoque meramente utilitarista de la programación. Por ejemplo, ofrecer programas de salud mental a las personas sobrevivientes de violencia de género desplazadas que llegan a un campamento de tránsito remoto puede ser más costoso que brindar ayuda en efectivo y, sin embargo, debe priorizarse. Sin una inclusión efectiva de las personas más marginadas, las respuestas humanitarias corren el riesgo de exacerbar las desigualdades, en lugar de mitigarlas.

La opinión de las PDI y las personas refugiadas también se excluye de manera sistemática de la planificación y la formulación de políticas para las respuestas humanitarias. En la reciente Revisión Independiente de la Respuesta Humanitaria al Desplazamiento Interno se recomendó la creación de órganos representativos de las PDI en las respuestas a gran escala al desplazamiento interno como una posible forma de lograr que se incluyeran las perspectivas de estas personas en la priorización y planificación.

Principio 3: apropiación local de las respuestas

El tercer principio fundamental debería ser una mayor apropiación local de las respuestas a través de la financiación y las asociaciones con organizaciones y Gobiernos locales. A pesar de un impulso continuo a la localización dentro del sector, en 2022 solo se destinaron USD 485 millones —es decir, un 1,2 % de la ayuda humanitaria— directamente a agentes locales y nacionales. Además, había incongruencia en los datos sobre la cantidad que llegó a las organizaciones locales a través de las asociaciones[ii]. La situación, en el caso de las organizaciones lideradas por personas refugiadas (OLR), es aún peor: en 2022 solo se les asignaron USD 26,4 millones entre fondos humanitarios y de desarrollo[iii]. El sector puede y debe mejorar en el cumplimiento de los compromisos relativos a localización. Entidades donantes como la Fundación Conrad N. Hilton son un buen ejemplo a seguir. En la actualidad, aporta el 46 % de la totalidad de la financiación destinada a OLR en el mundo.

Las asociaciones gubernamentales también son fundamentales para asegurar la sostenibilidad y alcanzar mayor escala. En algunos contextos de conflicto en los que el propio Gobierno podría estar ofreciendo respuestas específicas a las poblaciones desplazadas o no está presente en las zonas afectadas, este enfoque tal vez no sea posible. Sin embargo, en muchos contextos, existen posibles socios gubernamentales a nivel municipal o nacional, que no deben ser suplantados en la prestación de servicios.

Un ejemplo es el programa Ahlan Simsim del IRC, cuyo objetivo fue integrar el desarrollo en la primera infancia a los servicios nacionales de educación, salud y protección de las personas refugiadas, PDI y comunidades de acogida en Irak, Jordania, el Líbano y Siria. En Irak, el programa se asoció con el Ministerio de Educación para integrar materiales sobre desarrollo en la primera infancia en el plan de estudios nacional y transfirió la responsabilidad plena sobre esto al Ministerio. En Siria, donde no era posible entablar asociaciones gubernamentales, el IRC ayudó a reunir a las organizaciones de la sociedad civil locales asociadas en una red de la sociedad civil para el desarrollo en la primera infancia, asegurando así que hubiera apropiación local sobre esto, que es esencial para un impacto sostenible.

Principio 4: asociaciones con agentes del desarrollo

El último principio es la asociación con agentes del desarrollo. El establecimiento de límites en el ámbito humanitario no consiste en instalar una valla e ignorar todo lo que hay fuera de ella. Se basa expresamente en la asistencia para el desarrollo complementaria para ayudar a las comunidades a pasar de la conmoción del conflicto y del desplazamiento a una recuperación a más largo plazo. Sin embargo, los países afectados por conflictos tienen menos probabilidades de recibir financiación para el desarrollo, por lo que los recursos humanitarios no son suficientes para cubrir la prestación de servicios básicos.

Si bien hay organismos multilaterales como el Banco Mundial que están ampliando programas muy necesarios en contextos de conflicto, las limitaciones operativas pueden provocar retrasos y suspensiones de los proyectos. Los umbrales de riesgo y los problemas de acceso impiden a menudo que los organismos competentes lleguen a regiones fuera del control gubernamental, con lo que las comunidades desplazadas y de acogida se quedan sin un apoyo vital para el desarrollo. Los mecanismos de coordinación de la respuesta humanitaria y para las personas refugiadas también suelen estar aisladas de la coordinación en materia de desarrollo, lo que crea barreras adicionales para la recuperación a largo plazo de las comunidades.

Para que las respuestas de desarrollo complementarias se traduzcan en mejores resultados para las poblaciones desplazadas, el personal humanitario debe coordinarse y asociarse proactivamente con agentes de desarrollo que estén al margen de los planes de respuesta humanitaria. Las asociaciones pueden abarcar desde consultas humanitarias para garantizar que un proyecto de infraestructuras ejecutado por el Gobierno incluya a personas refugiadas y PDI, hasta que la prestación de servicios tenga en cuenta el contexto y la ejecución completa de un proyecto para PDI en zonas afectadas por conflictos fuera del control gubernamental. Por ejemplo, el IRC actuó como entidad consultiva del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo para garantizar que las necesidades y perspectivas de la población refugiada siria se incluyeran en un proyecto de aguas residuales en Irbid (Jordania)[iv].

Perspectiva a futuro

Ahora que el número de personas desplazadas en el mundo supera los 120 millones, el sector humanitario debe aprovechar el momento como catalizador de cambios. Incluso con el establecimiento de límites y la priorización de las respuestas humanitarias, seguirá habiendo un gran desfase entre estas necesidades, a las que ya se ha acotado considerablemente, y la financiación disponible. La ayuda adicional por parte de entidades donantes es crucial para que las comunidades desplazadas sobrevivan y se recuperen.

No obstante, también nos corresponde a nosotros lograr que la realidad actual de la financiación beneficie a las poblaciones desplazadas. Asegurar un uso más eficiente y eficaz en cuanto a los costos del volumen escaso de ayuda e incluir la opinión de las poblaciones afectadas y de las personas más vulnerables es esencial para establecer límites y prioridades. Los agentes internacionales debemos trabajar en nuestras propias organizaciones, con otros organismos, con agentes locales y con Gobiernos donantes para que nuestros programas defiendan estos objetivos. Asimismo, el sector debe cumplir los compromisos de responsabilización local y crear asociaciones deliberadas con el sector de desarrollo para que los planes de recuperación a largo plazo reflejen las necesidades de las personas refugiadas y las PDI. Las redes de ONG y los foros conjuntos de donantes y de quienes implementan la ayuda, como el Gran Pacto y el Comité Permanente entre Organismos, ofrecen vías para coordinar estas labores, aunque los avances han sido lentos. Lo que está claro es que la situación imperante es insostenible para las poblaciones con las que trabajamos y ha llegado la hora de introducir cambios.

 

Ciarán Donnelly
Vicepresidente principal de Respuesta, Recuperación y Desarrollo ante Crisis (CRRD), Comité Internacional de Rescate
Ciaran.donnelly@rescue.org
X: @donnciar

Reva Dhingra
Asesora en Políticas y Planificación de CRRD, Comité Internacional de Rescate
reva.dhingra@rescue.org
linkedin.com/in/reva-dhingra-75513636/

 

[ii] Development Initiatives (2023) Global Humanitarian Assistance Report [en inglés] bit.ly/better-humanitarian-system

[iii] The New Humanitarian (2024) ‘How to fund refugee-led aid’ [en inglés] bit.ly/fund-refugee-led-aid

[iv] IRC (2024) Piloting New Partnerships between Humanitarian and Development Actors bit.ly/piloting-new-partnerships

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