Analizar cómo Brasil financia su respuesta al desplazamiento de personas venezolanas ofrece reflexiones críticas sobre la eficacia de los mecanismos que el país pone en práctica. Además, plantea importantes cuestiones sobre las políticas de migración, ayudas y protección de los derechos humanos.

América Latina ha experimentado importantes cambios geopolíticos y económicos en los últimos diez años, entre los que se destaca la crisis de Venezuela como un importante factor desestabilizador con implicaciones trascendentales. Desde 2017, Venezuela se enfrenta a una grave recesión económica, caracterizada por la hiperinflación, la agitación política y la escasez de bienes esenciales, la cual ha llevado a una crisis humanitaria. Esta crisis ha debilitado el tejido social de Venezuela y ha desencadenado uno de los flujos migratorios más importantes de la historia de América Latina, en el cual millones de personas solicitan asilo en distintos países de la región, en particular en Brasil.

En respuesta a esta situación, Brasil se ha convertido en el principal país de acogida de las personas desplazadas de Venezuela, lo que plantea tanto retos como oportunidades para la nación. Brasil ha acogido a más de 501 000 personas venezolanas (a fecha de agosto de 2023, según ACAPS), lo que convierte a Venezuela en el principal país de origen de la población inmigrante de Brasil. En Brasil se otorga la condición de refugiadas a la mayoría de las personas desplazadas de Venezuela y existen procedimientos para que obtengan un estatuto de residencia de más larga duración[i].

La afluencia de personas refugiadas de Venezuela ha exigido una respuesta sólida y coordinada, sustentada en una compleja red de mecanismos financieros. Dichos mecanismos no son solo instrumentos logísticos o económicos, sino que están profundamente ligados a cuestiones de cooperación internacional, estabilidad regional y protección de los derechos humanos. El análisis minucioso de estas estrategias financieras para comprender sus impactos, evidenciar sus deficiencias y explorar posibles mejoras garantizará que la respuesta no solo atienda las necesidades inmediatas, sino que también fomente la integración y la estabilidad a largo plazo.

Respuesta financiera de Brasil a la crisis venezolana de desplazamiento

La respuesta financiera de Brasil a la crisis causada por el desplazamiento de personas venezolanas ha sido global y estratégica y ha implicado múltiples niveles de financiación y colaboración. El Gobierno brasileño ha dedicado vastos recursos financieros al respaldo de iniciativas como la Operação Acolhida (Operación Acogida), por la que se brindan servicios esenciales, como documentación, alojamiento inmediato y programas de reubicación para personas migrantes de Venezuela. Este esfuerzo nacional se ha visto reforzado considerablemente por la ayuda internacional de organizaciones como el ACNUR y por las contribuciones de varios Gobiernos extranjeros, entre ellos Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, lo que ha aumentado la capacidad y la sostenibilidad de la respuesta.

Para potenciar aún más estos esfuerzos, las asociaciones con ONG y entidades privadas han ampliado el alcance y la eficacia de las iniciativas. Estas colaboraciones han facilitado una serie de servicios, desde la ayuda para la colocación laboral hasta programas de integración cultural, que atienden tanto las necesidades inmediatas como los objetivos de integración a largo plazo de la población migrante. Por ejemplo, ONG como la Fundación AVSI y el Instituto +58 han desempeñado un papel crucial mediante clases de idiomas, formación profesional y asistencia jurídica, con lo que han ayudado a las personas venezolanas a sobrellevar las complejidades de la integración en su nuevo país. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Organización Internacional para las Migraciones y las misiones diplomáticas internacionales en el país también han aportado varios recursos, incluyendo alrededor de USD 15 millones en ayuda al desarrollo.

Los mecanismos de financiación innovadores, en particular las asociaciones público-privadas, han sido fundamentales para adaptar y ampliar la respuesta al desplazamiento. Estas asociaciones han permitido una mayor flexibilidad y rapidez en la asignación de recursos para atender las necesidades cambiantes de la población venezolana en Brasil.

Estas modernas estrategias financieras han alterado notablemente los modelos tradicionales de respuesta humanitaria, impulsados exclusivamente por los Gobiernos, y han introducido un enfoque más descentralizado que permite prestar servicios personalizados que benefician directamente a la población venezolana desplazada. Este cambio ha dado como resultado un uso más eficiente de los recursos y un impacto mayor en el bienestar y la integración de esta población en la sociedad brasileña. Gracias a estos esfuerzos de financiación pluridimensionales, Brasil está demostrando un enfoque proactivo y humano en la gestión de una de las crisis de desplazamiento más importantes de la región.

Estrategia de interiorización: la reubicación de la población venezolana en Brasil

La respuesta de Brasil a la crisis migratoria venezolana ha sido pluridimensional, pero una iniciativa clave ha sido la estrategia de interiorización. Este programa, puesto en marcha para gestionar la afluencia de personas refugiadas, aspira a reubicar a la población venezolana desplazada desde el sobrecargado estado fronterizo de Roraima hasta otras partes del Brasil. Esta estrategia ha facilitado el acceso a mejores oportunidades y a la integración en el mercado laboral formal, aliviando así considerablemente la carga inicial que soportaban las regiones fronterizas. Al brindar apoyo logístico como transporte, documentación y ayuda inicial para la vivienda, la estrategia no solo ha distribuido el impacto demográfico y económico por todo Brasil, sino que también ha promovido la integración a largo plazo de las personas venezolanas, permitiéndoles contribuir a la diversidad económica del país al rehacer su vida en unas condiciones más estables.

Esta reubicación estratégica ha sido fundamental tanto para reducir la superpoblación del estado de Roraima y sus alrededores como para mejorar la integración socioeconómica de la población venezolana en todo Brasil. El éxito del programa de interiorización, por el gran número de personas venezolanas que han participado en él, refleja su eficacia al ayudar a la población refugiada a empezar una nueva vida en una región con más oportunidades laborales y mejores condiciones de vida. Este planteamiento no solo ayuda a las personas refugiadas, sino que también distribuye los beneficios y los retos que conlleva la inmigración de forma más uniforme por el inmenso territorio brasileño.

Al incorporar a empresas privadas en el programa de interiorización, el Gobierno brasileño ha sabido aprovechar los fondos asignados a la responsabilidad social corporativa para impartir formación profesional específica y brindar oportunidades de empleo a la población venezolana reubicada. Por ejemplo, Adami S/A, una empresa de embalaje y madera de Santa Catarina, contrató a 36 personas refugiadas de origen venezolano que habían sido reubicadas desde Roraima y les dio trabajo, además de vivienda, asistencia social y formación técnica, a través del programa Acolhidos por Meio do Trabalho (Integración a través del trabajo). Este planteamiento específico no solo agiliza la integración de las personas refugiadas, sino que también favorece su estabilidad económica e inclusión social a largo plazo.

Apoyo jurídico a las personas venezolanas en Brasil

Una iniciativa destacada en respuesta a la crisis de desplazamiento venezolana es el programa Justicia sin Fronteras, gestionado por el Tribunal de Justicia de Roraima, en colaboración con el juez venezolano Oswaldo José Ponce Pérez, que reside actualmente en el país. Este programa brinda a la población migrante originaria de Venezuela servicios de resolución de casos civiles directamente relacionados con cuestiones como el reconocimiento de la paternidad, el reconocimiento de la unión de hecho estable, la manutención de hijas e hijos y la custodia de menores. Además, gracias a él se atienden solicitudes como el registro de nacimiento de niñas y niños nacidos en Brasil, correcciones de documentación, emancipación (proceso por el que una persona menor de 18 años deja de estar sometida a la patria potestad de su madre, padre o persona tutora) y otros asuntos judiciales de carácter civil.

Esta iniciativa, facilitada por un acuerdo de cooperación judicial con el ACNUR, surgió como respuesta colaborativa al empeoramiento de los problemas de inmigración en el estado de Roraima. Gracias a esta asociación, los procedimientos pueden llevarse a cabo en español, atendiendo así las necesidades lingüísticas de las personas refugiadas de Venezuela. El programa desempeña un papel vital en la respuesta del Brasil a los desplazamientos, ya que alivia la presión financiera a la que están sometidos los recursos públicos. También resuelve cuestiones civiles claves que son esenciales para la integración de la población venezolana en la sociedad. Este apoyo permite a las personas desplazadas acceder más fácilmente al empleo, la educación y los servicios sociales, además de reducir su dependencia de la ayuda de emergencia y otros recursos financiados por el Estado. De este modo, el programa no solo atiende las necesidades jurídicas inmediatas, sino que también contribuye a garantizar un enfoque más sostenible y rentable de la gestión de la crisis creada por el desplazamiento en Brasil.

Implicaciones y enseñanzas extraídas

El análisis de las estrategias de financiación de Brasil en respuesta a la crisis de desplazamiento venezolana revela un enfoque complejo, a la par que innovador, que combina la acción gubernamental, la cooperación internacional y la participación del sector privado. Esta combinación ha atendido las necesidades humanitarias inmediatas y también ha facilitado la integración a largo plazo de la población migrante de Venezuela en la sociedad brasileña. No obstante, la dependencia de diversas fuentes de financiación y asociaciones también plantea retos, como la necesidad del compromiso continuo de todas las partes interesadas y la adaptación constante a las necesidades cambiantes de las personas refugiadas.

Estas conclusiones tienen profundas implicaciones tanto políticas como prácticas. Apuntan a que un enfoque holístico y multilateral puede mejorar la eficacia de la financiación de la respuesta al desplazamiento, pero es necesario realizar más investigación, para optimizar estos mecanismos y garantizar su escalabilidad y sostenibilidad.

A medida que cambian los problemas de desplazamiento en el mundo, urge encontrar soluciones de financiación más inclusivas e innovadoras impulsadas por las comunidades. Resulta crucial que todos los países aprendan de las experiencias de Brasil y busquen modelos de colaboración similares que no solo aborden las crisis inmediatas, sino que también aseguren el bienestar a largo plazo de las poblaciones desplazadas. Esfuerzos como estos deben tener como objetivo fomentar la resiliencia, promover la inclusión social y garantizar que todas las personas tengan la oportunidad de contribuir de manera positiva a su nueva comunidad.

 

Cláudio Antônio Klaus Júnior
Estudiante del Global Professional Master of Laws de la Universidad de Toronto (Canadá) y profesor de la Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (Brasil)
claudio.klaus@mail.utoronto.ca
linkedin.com/in/claudioklaus

 

[i] Véase Migration Policy Centre (2022) ‘Migrants or refugees? “Let’s do both”. Brazil’s response to Venezuelan displacement challenges legal definitions’ [en inglés]bit.ly/mpc-migrants-or-refugees-lets-do-both

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