El Fondo de Respuesta a las Pérdidas y los Daños plantea una oportunidad de generar mayores flujos de financiación climática que apoyen la labor relacionada con la movilidad humana. Los esfuerzos coordinados son necesarios para asegurar que las personas que migran por razones climáticas estén implicadas en la toma de decisiones.

En 2023, los desastres provocaron cerca de 26,4 millones de desplazamientos internos, y 7,7 millones de personas seguían desplazadas a fines de ese año[1]. Para el año 2050, podría haber 216 millones de personas que migran a nivel interno por razones climáticas si no se adoptan acciones en materia de clima o de desarrollo (en la actualidad, no hay estimaciones sobre el número probable de personas que migran de forma transnacional por este motivo)[2].

Los costos e impactos directos e indirectos de estos movimientos para las personas, comunidades y países afectados son considerables, si bien en gran medida se subestiman o, directamente, no se informa de ellos. Incluso sin tomar en cuenta estos costos, el panorama financiero actual no es congruente con la magnitud y la necesidades de los países más vulnerables al clima y sus poblaciones. La oferta de fondos climáticos es particularmente limitada en cuanto al apoyo a acciones relacionadas con la movilidad humana. Un ejercicio de mapeo realizado en 2018 por el Equipo de Tareas sobre los Desplazamientos muestra que apenas unos pocos programas financiados por el Fondo Verde para el Clima (FVC) abordaban la movilidad humana en ese momento. En los últimos años, la situación permanece inalterada, dado que la mayor parte de la labor sobre cambio climático y movilidad humana se sigue financiando de forma ajena al sector de la financiación climática, y depende principalmente de otras entidades donantes que se centran en la respuesta humanitaria.

Acelerar las operaciones de movilidad humana

La creación del Fondo de Respuesta a las Pérdidas y los Daños plantea una oportunidad de generar mayores flujos de financiación climática que apoyen la labor relacionada con la movilidad humana. El Fondo se creó tras 30 años de incidencia por parte de los países más vulnerables al cambio climático, y aspira a responder a los impactos más devastadores del cambio climático, incluso cuando son irreversibles. La necesidad de establecer el Fondo se acordó en la COP27. En la COP28, en diciembre de 2023, los Estados tomaron la determinación de operativizar el Fondo y prometieron realizar contribuciones que, en la actualidad, ascienden a cerca de USD 700 millones.

La configuración del Fondo parece favorecer una integración más enérgica de las respuestas y los objetivos sobre movilidad humana en la acción climática. Su alcance incluye de forma expresa el desplazamiento, la reubicación planificada y la migración. Es la primera vez que un fondo climático ha puesto de relieve la movilidad humana como parte de sus áreas temáticas designadas.

Asimismo, está previsto que se consulte a las personas que migran por razones climáticas en el trabajo del Fondo y de su Consejo de Administración. Si bien la puesta en funcionamiento de esto plantea posibles dificultades, actualmente se reconoce a las personas en tránsito como beneficiarias de la financiación relacionada con el clima.

Diversos Estados también indicaron que las actividades que tienen el apoyo de instituciones y fondos multilaterales existentes dedicados a la financiación climática deberían incluir a personas refugiadas y a personas que migran por factores climáticos. Esto amplía el espacio para que las personas desplazadas por el clima participen en la toma de decisiones, reconoce su papel como agentes de cambio y multiplica las oportunidades de inversiones para la financiación climática a largo plazo que se destinen a las respuestas a la movilidad humana.

Por último, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) formará parte de un diálogo de alto nivel para coordinar la labor del Fondo y otros mecanismos de financiación para pérdidas y daños. Esta es otra señal de que las operaciones sobre movilidad humana son relevantes en estas conversaciones y tienen importancia para la toma de decisiones sobre asignación de fondos.

Además, hay dos características del Fondo que podrían alentar una labor eficaz en materia de movilidad humana. En primer lugar, el Fondo establece una asignación mínima para los países menos adelantados (PMA) y pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), al reconocer los efectos desproporcionados del cambio climático en los países más vulnerables y sus poblaciones[3]. En segundo lugar, las comunidades deberían poder acceder al Fondo a través de pequeñas donaciones, lo cual genera la posibilidad de que personas migrantes, desplazadas y refugiadas puedan obtener de forma directa estos recursos.

¿Qué se precisa ahora?

El Consejo de Administración del Fondo (su órgano de gobierno) y la Secretaría interina (que ofrece conocimientos prácticos y apoyo al Consejo) se han reunido en tres oportunidades en forma previa a la COP29, y se reunirán una vez más en 2024 para establecer las estructuras y definir las modalidades del Fondo, incluido el acceso y el desembolso, así como la participación de partes interesadas en el trabajo del Consejo. En el avance de esta labor debe considerarse atentamente la integración de la movilidad humana.

A fin de que las referencias a la movilidad humana en las decisiones de la COP28 se pongan en práctica íntegramente, se precisa un conocimiento inicial respecto de qué puede financiarse y qué cuestiones ya reciben fondos. Durante las negociaciones de 2023, las prioridades y necesidades temáticas apenas se mencionaron. Esto se debió a la dificultad de priorizar temas específicos entre la amplia variedad de impactos y respuestas que, sin excepción, se consideran importantes para las deliberaciones sobre pérdidas y daños en distintos países. Conforme se articulan las modalidades y la estructura del Fondo, es un momento más que oportuno para impulsar un debate temático más detallado.

La inclusión de temas de movilidad humana en el alcance del Fondo de Respuesta a las Pérdidas y los Daños debería traducirse en acciones que aborden los tres objetivos siguientes:

1. Añadir el desplazamiento y sus impactos al costo de las pérdidas y los daños
   Los recursos que se precisan para responder a la frecuencia, duración, costos e impactos cada vez mayores del desplazamiento en el contexto del cambio climático deberían incorporarse a la determinación sobre la magnitud de fondos que se necesitan y se ofrecen a través del fondo y otros mecanismos de financiación. Todas las iniciativas pertinentes deberán amplificarse para responder al alcance pleno de las necesidades humanitarias, de transición y de soluciones duraderas durante las próximas décadas.
2. Asignar financiación climática para reubicaciones planificadas integrales
   Deberían ponerse a disposición recursos para ayudar a los países afectados a reubicar a comunidades que estén en zonas de riesgo como medida de último recurso, cuando ya no sea viable la adaptación en ese lugar. Los procesos de reubicación planificada deben ser consultivos y tomar en cuenta los derechos humanos, y deberían impulsar intervenciones que aborden todas las dimensiones del bienestar de las personas y las comunidades, lo cual los vuelve largos y costosos. Ante la falta de procesos con recursos suficientes, estas operaciones a menudo traen aparejados mayores daños y pérdidas, en tanto se ven perturbados los medios de vida, se pierden prácticas culturales y se menoscaban la prosperidad económica y la seguridad humana.
3. Invertir para aprovechar el potencial positivo de la migración
   Deberían establecerse y apoyarse enfoques a largo plazo en materia de pérdidas y daños para posibilitar que los países vulnerables hagan inversiones tempranas y proactivas orientadas a una migración segura. Esto implica definir políticas, estrategias, planes e inversiones para absorber la llegada de nuevas personas migrantes, asegurar la protección de sus derechos y el acceso a servicios o brindar a las personas en riesgo oportunidades de migración digna. Esto podría incluir planes de trabajo, reunificación familiar o visados humanitarios facilitados por acuerdos bilaterales o multilaterales.

Concretar el potencial del Fondo

Hay oportunidades múltiples de hacer operativos estos objetivos sobre movilidad humana en el Fondo. Cabe destacar que el Equipo de Tareas sobre los Desplazamientos que forma parte del Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños está preparando tres guías técnicas sobre el tema.

La Guía técnica sobre el acceso a fondos para prevenir, minimizar y abordar los impactos del desplazamiento vinculado a las consecuencias del cambio climático presentará una síntesis de las opciones de financiación para la respuesta al desplazamiento dentro de los mecanismos de financiación climática, así como de las capacidades, los requerimientos técnicos y el proceso para obtener tales fondos.

La Guía técnica para prevenir, minimizar y abordar las pérdidas no económicas en el contexto de la movilidad humana tiene por objeto apoyar a profesionales y responsables de políticas nacionales para que identifiquen las pérdidas vinculadas con la movilidad humana que no tienen carácter económico, y poder responder a ellas. Los distintos tipos de pérdidas no económicas en el contexto de la movilidad humana precisarán de la intervención de diferentes actores y conocimientos prácticos. Será necesaria una combinación de enfoques sectoriales, que incluyan desde mejorar el acceso a la atención sanitaria, la gestión de ecosistemas e iniciativas para promover la preservación cultural y la cohesión social.

La Guía técnica para integrar los nexos entre movilidad humana y cambio climático en procesos nacionales de planificación sobre cambio climático pertinentes podría usarse para ayudar a los países a desarrollar, actualizar e implementar enfoques sobre movilidad humana en el marco de sus planes nacionales. Dado que todavía se están estableciendo las modalidades del Fondo, aún no resulta claro si las personas destinatarias tendrán que demostrar que han sufrido pérdidas y daños y que precisan asistencia ni cómo deberán hacerlo. Entre las vías potenciales cabe mencionar los procesos de planificación nacionales, como los planes nacionales de adaptación y las contribuciones determinadas a nivel nacional, y las evaluaciones de pérdidas y daños en el ámbito nacional y local. Hay muchas organizaciones que están contribuyendo a generar una base de datos sobre evaluaciones, denominada DesInventar 2.0, para dar seguimiento a pérdidas y daños y a sus impactos. Es importante que estas iniciativas se reconozcan en el desarrollo continuo de herramientas y estrategias normalizadas para las evaluaciones integrales de la acción en materia climática, y los impactos del cambio climático.

Próximos pasos

Se precisarán deliberaciones y procesos específicos vinculados con la participación para facilitar la interacción de personas migrantes y refugiadas en las decisiones sobre financiación, acción y apoyo en materia climática. También deben afrontarse dificultades prácticas. La agencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), tiene nueve áreas de trabajo que representan una variedad de intereses y perspectivas (y que incluyen a empresas e industrias, ONG ambientales, pueblos indígenas, productores agrícolas y otras partes). No hay un área reconocida para las personas migrantes y desplazadas, y tampoco hay una representación definida para ellas dentro de foros nacionales de planificación. Entre otros desafíos se incluyen las oportunidades limitadas de participación e interacción significativa de representantes comunitarios en las decisiones sobre políticas climáticas, y la disponibilidad insuficiente de recursos para contribuir a procesos relevantes.

Las organizaciones que trabajan en temas de movilidad humana y cambio climático han emitido recomendaciones sobre fórmulas concretas para seguir avanzando. Esto podría implicar trabajar con redes ya conformadas de organizaciones de base que representan a personas migrantes, desarrollar las capacidades de quienes las representan de contribuir a las deliberaciones sobre políticas climáticas e integrar a sus representantes en los grupos existentes que ya tienen un lugar en las negociaciones en materia climática.

Un gran número de actores clave tendrán que redoblar sus esfuerzos para que se asigne más rápido financiación climática a cuestiones de movilidad humana. Los fondos climáticos que se han constituido, como el Fondo Verde para el Clima, el Fondo de Adaptación y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, deberían aprovechar la decisión de la COP28 para orientar fondos a más propuestas que tengan contribuciones de las personas en tránsito y las beneficien. A su vez, deberían postularse a estos fondos más propuestas vinculadas con el desplazamiento, la reubicación planificada y la migración, lo cual requiere que las instituciones gubernamentales y otras organizaciones que trabajan en temas de movilidad humana fortalezcan su capacidad de obtener fondos climáticos.

Por último, la OIM debería emplear su lugar en el Diálogo de Alto Nivel sobre Pérdidas y Daños para amplificar los mensajes y las prioridades de la comunidad de movilidad humana en general. En particular, es necesario que las organizaciones que trabajan en temas de migración muestren las inversiones que ya han realizado para responder a la cuestión de la movilidad por motivos climáticos, y la necesidad de que se aporten mayores recursos procedentes de la financiación climática.

Aunque la decisión de la COP28 ofrece una base para responder a la movilidad humana en el contexto del cambio climático, salvar la brecha en la asignación de financiación climática requerirá de esfuerzos constantes para dar mayor visibilidad a las necesidades y los impactos pertinentes, así como para conceder más importancia al trabajo pertinente de cara a Gobiernos, comunidades y otras partes interesadas. En esta coyuntura de negociaciones sobre cambio climático, quienes están implicados como actores en temas de movilidad humana pueden desempeñar un papel esencial para configurar perspectivas de financiación que favorezcan una labor más eficaz, en pos de evitar, reducir al mínimo y abordar los impactos para las personas más vulnerables en países afectados por la crisis climática.

Ileana Sînziana Pușcaș
Investigadora principal sobre migración climática, Organización Internacional para las Migraciones
ispuscas@iom.int
linkedin.com/in/ileana-sinziana-puscas-2604ab4a/

Lorenzo Guadagno
Coordinador de proyectos, Platform on Disaster Displacement
lorenzog@unops.org
linkedin.com/in/lorenzo-guadagno-63ab4915/

La autora y el autor desean agradecer a sus colegas de Loss and Damage Collaboration y su Grupo de Trabajo sobre los Desafíos del Desplazamiento y la Movilidad Humana, así como del Grupo Consultivo sobre Movilidad Humana y Cambio Climático, los diálogos enriquecedores que organizaron sobre este tema en los últimos dos años, que fueron una de las fuentes de inspiración para la preparación de este artículo.

Descargo de responsabilidad:

Las opiniones que se expresan en esta publicación corresponden a la autora y el autor, y no reflejan necesariamente las perspectivas de la Organización Internacional para las Migraciones ni de Platform on Disaster Displacement.

 

[1] Internal Displacement Monitoring Centre (2024) Global Report on Internal Displacement [en inglés] bit.ly/idmc-grid-2024

[2] Grupo Banco Mundial (2021) ‘El cambio climático podría obligar a 216 millones de personas a migrar dentro de sus propios países para 2050’ https://bit.ly/cambio-climatico-migracion

[3] Véase OIM (2019) Climate Change and Migration in Vulnerable Countries [en inglés] bit.ly/climate-change-vulnerable-countries

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