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Los cada vez más violentos ataques que el Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés) llevó a cabo contra los civiles de Uganda mediante secuestros sistemáticos a gran escala, masacres, mutilaciones y el empleo de niños con fines militares durante la década de los noventa hasta el 2000, provocaron una crisis humanitaria sin precedentes caracterizada por el desplazamiento masivo de la población.

A lo largo de décadas de brutal conflicto, escenario de cientos de pueblos destruidos y millones de personas desplazadas, el régimen birmano no ha realizado ningún esfuerzo por apoyar a la población civil afectada. Como consecuencia, los grupos étnicos armados no estatales birmanos—se cree que controlaban un territorio equivalente a la cuarta parte de la superficie del país— desempeñan un papel crucial como protectores y proveedores de ayuda humanitaria.

Prácticamente la totalidad de los grupos armados dependen en importante medida del apoyo externo. Los grupos armados buscan principalmente el apoyo de otros Estados, así como de las diásporas, de las poblaciones desplazadas y de otros grupos armados, con el fin de evitar que el esfuerzo de guerra recaiga totalmente en la población civil a la que pretenden proteger, una situación que tiene sus costes políticos.

El desarrollo de ejércitos y empresas de seguridad privados ha dado lugar a una nueva generación de guardias y soldados privados destinados a zonas de guerra y áreas con un alto grado de inseguridad al amparo de turbias restricciones legales. Sus actividades difuminan los límites entre los servicios públicos estatales y el sector comercial privado, lo que crea una peligrosa "zona gris" sin transparencia, rendición de cuentas ni regulación.

Estimaciones recientes sugieren que casi 4,9 millones de colombianos han sufrido desplazamientos internos a causa del prolongado conflicto armado y de la violencia política asociada en la que se encuentra implicados el Estado y grupos armados de la guerrilla izquierdista,…