Los líderes políticos de diversos Estados de la UE suelen hablar –a menudo favorablemente– de la práctica australiana de rechazar a los solicitantes de asilo como un ejemplo a seguir en Europa. En el contexto australiano la cuestión de los “refugiados del mar” ha sido utilizada durante décadas como instrumento político y abordada una y otra vez por los medios de comunicación.
Esta politización data de 2001 y tuvo su origen en el ampliamente difundido caso del MV Tampa, un barco carguero noruego que rescató a 438 personas (la mayoría solicitantes de asilo afganos) de un barco de pesca que estaba en apuros y al que luego se le denegó la entrada en aguas australianas. Se topó con una amplia condena internacional pero en Australia la opinión pública respaldó la decisión y el Gobierno remarcó la importancia de la seguridad internacional y la “protección fronteriza”. Desde los medios de comunicación nacionales se retrató a los solicitantes de asilo como personas que estaban utilizando medios ilegítimos para intentar entrar al país con el fin de beneficiarse de sus prestaciones, por lo que se les acabó viendo con recelo y como una potencial amenaza para la seguridad.
Desde entonces existe una firme y afianzada histeria hacia los solicitantes de asilo que cuestiona su propia moralidad. En Australia, llegar en barco se equipara a intentar “saltarse la cola” por delante de los refugiados que viven en campamentos y que han sido considerados como un colectivo moralmente superior por su supuesta paciencia, que hacen cola a la espera de ser reasentados en tierras lejanas. Este tipo de retórica ha sido especialmente poderosa en el contexto australiano porque “saltarse la cola” puede equipararse a una falta de “ecuanimidad”, y ese es un valor íntimamente ligado a la identidad nacional australiana.
Cuando los medios de comunicación australianos se hicieron eco del trato que daban los europeos a los solicitantes de asilo, el Primer Ministro Tony Abbott aprovechó y en cuanto tuvo oportunidad halagó a su propio Gobierno por la manera en que trataba a los solicitantes de asilo a través de la política de “rechazar a los barcos”, a pesar de que fuera ilegal de acuerdo con el Derecho internacional: “Si queremos detener las muertes, si queremos detener los ahogamientos, hay que detener a los barcos”[1]. Es cierto que los solicitantes de asilo ya no se ahogan en aguas australianas, al menos que nosotros sepamos. Pero tampoco sabemos si están muriendo en otros lugares, lejos de nuestra vista. Muchos de los que llegaron antes de la política de “rechazar a los barcos” están establecidos en Nauru o en Papúa Nueva Guinea. Mantener a estos solicitantes de asilo fuera de las costas le está costando a Australia miles de millones de dólares. Si el objetivo es evitar llegadas irregulares por mar, tal vez esta política haya tenido éxito. Pero si el objetivo era minimizar las consecuencias económicas de la llegada de estos solicitantes de asilo, no se puede decir lo mismo. Si se insertara a estas personas en la comunidad mientras están a la espera de que se tramite su solicitud (una vez acreditadas), pagarían impuestos y contribuirían a la sociedad. Pero el Gobierno se ha visto tan perjudicado por sus propias políticas contra los “refugiados del mar” que ni siquiera pueden explorar otras soluciones más humanas sin toparse con la hostilidad pública.
La retórica actual contra los solicitantes de asilo se entiende a veces, incluso a nivel nacional, como un sentimiento generalizado contra los refugiados, por lo que está destruyendo buena parte de la cohesión social que existía en Australia tras años de unas políticas multiculturales adecuadas. Se ha convencido a la opinión pública de que echar los barcos para atrás es la mejor opción tanto a nivel social como moral. Mucha gente cree que el Gobierno sólo está haciendo lo mejor para ellos, para el país e incluso para los refugiados que se encuentran en campamentos en el extranjero.
En septiembre de 2015 la Canciller alemana Angela Merkel habló de “obligaciones morales” y de poner en práctica “políticas de inmigración merecedoras de lo que [Europa representa]”[2]. La UE sobre todo ha de tener presente que los solicitantes de asilo son personas con derechos según el Derecho internacional, y que no se debe cuestionar su moral porque estén buscando protección.
Keeya-Lee Ayre keeyaleeayre@gmail.com
Escritora, investigadora y asesora. En la actualidad estudia un Máster de Antropología Aplicada y Desarrollo Participativo, Universidad Nacional Australiana www.anu.edu.au