Skip to content
Los peligros y las limitaciones de la inspección de los teléfonos móviles en los procedimientos de asilo
  • Kinan Alajak, Derya Ozkul, Koen Leurs, Rianne Dekker y Albert Ali Salah
  • May 2024
Electronic device used by police and law enforcement to extract data. Credit: The Authors

Las autoridades europeas están inspeccionando con cada vez más frecuencia los teléfonos móviles de las personas solicitantes de asilo, en detrimento de sus derechos fundamentales. En este artículo, proponemos un cambio de paradigma para priorizar la equidad y la cooperación voluntaria en los procedimientos de asilo para lograr objetivos de calado.1

Las personas solicitantes de asilo utilizan los teléfonos móviles por diversos motivos, como para mantener el contacto con sus seres queridos, planificar sus trayectos, desplazarse por sus rutas de viaje y buscar vivienda o trabajo. Sin embargo, la dependencia de las tecnologías móviles también ha vuelto a estas personas especialmente vulnerables a la vigilancia gubernamental, dado que sus dispositivos almacenan información sobre sus movimientos y actividades. Las autoridades europeas están haciendo un uso cada vez mayor de datos procedentes de los teléfonos móviles para recabar evidencias a las que remitirse para resolver solicitudes de asilo y, en algunos países, para recabar inteligencia sobre la migración vinculada a la delincuencia y al terrorismo.

La práctica del registro de teléfonos móviles ha sido objeto de duras críticas por parte de grupos de la sociedad civil, tales como Gesellschaft für Freiheitsrechte o Privacy International. Estas organizaciones arguyen que esta práctica es ilegal, que invade la privacidad y que carece del consentimiento y de las salvaguardias suficientes como para entenderse como necesaria y proporcional. Además, la falta de transparencia sobre el procesamiento de los datos, los programas de análisis forense digital y el funcionamiento de los algoritmos empleados durante el proceso podrían hacer que el procedimiento de asilo no fuera justo.

Pese a estas críticas, varios países europeos siguen registrando los teléfonos móviles de personas solicitantes de asilo. Según el informe de 2017 de la Red Europea de Migración, el registro de los teléfonos móviles era una práctica habitual en Países Bajos y en Estonia, así como un procedimiento potestativo en Croacia, Alemania, Lituania y Noruega. En Letonia y Luxemburgo, se confiscan los teléfonos móviles en el contexto de los procedimientos penales. Existen estudios que demuestran que el registro del contenido de los teléfonos móviles es una práctica implantada en Países Bajos, Alemania, Noruega y, en cierta medida, en Dinamarca y en Reino Unido. Bélgica, Austria y Suiza también han enmendado su legislación para permitir este tipo de prácticas.

En el presente artículo, se comparan los hallazgos de dos estudios similares realizados entre 2021 y 2023 sobre la prevalencia del registro de teléfonos móviles en Alemania y Países Bajos.2 El equipo encargado del estudio en Países Bajos presentó varias solicitudes en virtud del derecho a la libertad de información ante la autoridad responsable del asilo, el Immigratie en Naturalisatie Dienst (o Departamento de Inmigración y Naturalización), y la policía fronteriza, la Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM). Entrevistaron a 13 agentes estatales, representantes de la sociedad civil, responsables políticos y profesionales del derecho. En Alemania, Derya Ozkul presentó varias solicitudes apelando al derecho a la libertad de información ante el Departamento Federal de Inmigración y Refugiados, el Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Ambos estudios también incluyeron entrevistas a personas que habían pasado por el procedimiento de asilo. El equipo en Países Bajos entrevistó a siete personas provenientes de Siria y Turquía, mientras que el equipo en Alemania entrevistó a once personas solicitantes de asilo y refugiadas de Siria y Afganistán. Tras presentar brevemente las prácticas de registro de dispositivos móviles en Alemania y Países Bajos, el presente artículo arguye que se están sacando conclusiones erróneas de los «dobles de datos» (es decir, del perfil que se construye de una persona a partir de una combinación de datos digitales) y analiza las reacciones de las personas solicitantes de asilo ante el uso de las tecnologías de registro.

La inspección de los teléfonos móviles en Alemania y Países Bajos

Las autoridades migratorias y fronterizas en Alemania y Países Bajos emplean el registro de los teléfonos móviles para identificar a las personas solicitantes de asilo y para determinar sus países de origen. En el marco de este proceso, los funcionarios gubernamentales confiscan el teléfono móvil y el resto de dispositivos digitales de la persona solicitante de asilo y revisan los datos manualmente, o bien los extraen, analizan y utilizan de manera automática durante su evaluación del expediente de asilo.

En el trabajo de campo de este estudio, se ha visto que ambos países dependen de empresas privadas para el suministro de hardware y de software y para las labores de apoyo y mantenimiento. Las autoridades alemanas dependen de Atos, una empresa informática centrada en la transformación digital, que integra productos y servicios de dos empresas de análisis forense de dispositivos móviles, MSAB y T3K-Forensics, para leer y analizar los datos. En Países Bajos, la Policía desarrolló su propio software para automatizar el análisis de los datos, para lo que depende de empresas como Cellebrite, una empresa de inteligencia digital israelí, para suministrar el hardware (el UFED, o «Universal Forensic Extraction Device») y el software que extraen los datos antes de su análisis.

A pesar de las muchas similitudes en la práctica entre ambos países, también existen diferencias notables. En Alemania, el proceso de identificación es parte del procedimiento de asilo, mientras que en Países Bajos se lleva a cabo antes de que se pueda presentar la solicitud de asilo. En consecuencia, en Alemania, el análisis de los datos móviles recae sobre la autoridad responsable del asilo. Sin embargo, en Países Bajos, el análisis de los datos recae sobre la policía fronteriza y no sobre la autoridad responsable del asilo.

La legislación imperante también difiere entre ambos. En Países Bajos, el registro de teléfonos móviles está amparado por la Ley de Extranjería del año 2000. En virtud de esta ley, todo adulto solicitante de asilo está obligado a cooperar en un registro de equipaje, procedimiento que incluye el registro de los soportes de almacenamiento de datos (inclusive teléfonos móviles y otros dispositivos digitales). Por el contrario, en Alemania está consagrado en la Ley de Asilo, que dispone que solo las personas que no disponen de un pasaporte válido o documento de identificación sustitutivo están obligadas a presentar sus dispositivos de soporte de datos.

En Países Bajos, los principales objetivos del registro de dispositivos digitales son verificar las identidades y recabar indicios de posibles amenazas para la seguridad nacional. En consecuencia, las autoridades migratorias no pueden utilizar la información extraída del procesamiento de los soportes de almacenamiento de datos para verificar lo expuesto en una solicitud de asilo. Hasta hace poco, no se ha propuesto ante el Parlamento la comprobación de la veracidad de la solicitud de una persona como objetivo adicional de estos registros, lo que haría que la comprobación de los teléfonos inteligentes formara parte del procedimiento de asilo del Departamento de Inmigración y Naturalización. En Alemania, dado que el procesamiento de estos datos forma parte del proceso de asilo, la información extraída puede utilizarse también para evaluar una solicitud de asilo.

Principales hallazgos: la inspección de los teléfonos móviles en la práctica

Tal y como se ejecuta en la actualidad, el registro de teléfonos móviles viola derechos humanos fundamentales, como los consagrados en el artículo 7 («respeto de la vida privada y familiar») y en el artículo 8 («protección de datos de carácter personal») de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, las autoridades estatales pueden llevar a cabo prácticas igualmente invasivas en el marco de estas mismas leyes en virtud de la seguridad nacional.

Tanto en Alemania como en Países Bajos, el objetivo principal de la inspección de los teléfonos móviles dice ser verificar la identidad de la persona solicitante de asilo con vistas a su registro. En Países Bajos, también dice estar directamente relacionada con la salvaguardia de la seguridad nacional. Cuando se pregunta a las personas solicitantes de asilo de ambos países su opinión sobre el registro de los teléfonos móviles, la mayoría coincidía con los objetivos que las autoridades estatales pretendían conseguir. En Países Bajos, preocupaba en particular que criminales de guerra recibieran protección, en vez de hacer frente a la justicia por las atrocidades cometidas en sus países de origen. En Alemania, no todas las personas participantes en el estudio expresaron su preocupación ante estas prácticas, aunque ninguna creía que fuera la mejor manera de lograr los objetivos propuestos.

El trabajo de campo tras este estudio ha identificado diversos problemas que apuntan a que el registro de los teléfonos móviles es un medio poco eficaz para lograr los objetivos dispuestos. Esto incluye los problemas técnicos derivados de que los datos no sean explotables, estén limitados o corruptos, y el riesgo de que se formulen hipótesis erróneas sobre una persona a partir de los datos digitales compilados sobre ellas. Las personas solicitantes de asilo han empleado diversas tácticas para prevenir la invasión de su privacidad y para proteger sus derechos.

Datos no explotables, limitados o corruptos

En Alemania, se vio que solo una parte de los datos móviles extraídos podían explotarse. No se pudo acceder a alrededor de un cuarto de los datos leídos (el 23 % en el primer trimestre de 2019 y el 26 % en 2018) debido a problemas técnicos. Entre las lecturas exitosas, más de la mayoría (el 55 % en el primer trimestre de 2019 y el 64 % en 2018) no produjeron hallazgos útiles. De los teléfonos de los que se extrajeron datos explotables, solo el 1 % de los informes (es decir, 12 casos en total) contradijeron lo expuesto en la solicitud de asilo. En Países Bajos, no se registraron fallos técnicos, pero la recopilación de inteligencia por motivos de seguridad nacional, en particular, para identificar posibles sospechas de terrorismo, no arrojó resultado alguno. Además, el Consejo de Estado de Países Bajos recomendó que la legislación vigente debería definir mejor la finalidad de la recopilación de los datos de los teléfonos y el tiempo de almacenamiento, dado que los teléfonos inteligentes contienen grandes cantidades de datos, inclusive datos personales sensibles.

Más allá de los fallos técnicos, la eficacia del registro de los teléfonos móviles depende, como es normal, de la disponibilidad de los datos. Los datos móviles pueden verse limitados cuando un teléfono ha estado apagado durante un periodo largo de tiempo o cuando solo se ha utilizado durante un tiempo breve. Esto puede deberse a que, con frecuencia, las personas solicitantes de asilo temen a las autoridades y pueden optar por adquirir un nuevo teléfono antes de interactuar con ellas. Este fue el caso de muchos de nuestros entrevistados en ambos países.

Por ejemplo, una de las entrevistadas en Países Bajos, una mujer siria de 29 años, dijo lo siguiente: «Si les soy sincera, la gente sabe que esto se hace y por eso no llevan consigo sus teléfonos personales, ¿saben? Buscan un teléfono nuevo, recién estrenado, porque no les gusta que otras personas puedan acceder a sus datos personales así porque sí».

Otra entrevistada en Alemania, una mujer siria de unos veinte años, dijo que se compró un teléfono nuevo antes de presentar su solicitud de asilo porque «no se fiaba de que fueran a espiarla y acceder a sus conversaciones y fotos privadas». Ella solo quería «acabar con esto [el proceso], así que decidí comprarme otro teléfono».

Además, los datos móviles en sí pueden estar corruptos. Esto puede deberse a que diversas personas utilicen un mismo dispositivo o a que una única persona utilice un dispositivo de segunda mano. Muchas de las personas solicitantes de asilo con las que hablamos en Alemania y en Países Bajos utilizaban teléfonos de segunda mano y expresaron su preocupación por que se pudieran encontrar datos de sus anteriores dueños y que rechazaran sus solicitudes de asilo como resultado.

Una de las personas entrevistadas en Países Bajos lo explicó así: «Puede que el móvil que consigas sea el antiguo teléfono de, qué sé yo, alguien que ha cometido crímenes de guerra. Y tú te quedas con su móvil y entras con él en Países Bajos. Eso sería un problema».

En estos casos, los datos corruptos pueden despertar sospechas infundadas en las autoridades sobre un determinado solicitante. En Países Bajos, se puede interrogar a las personas solicitantes sobre cuestiones de seguridad nacional, lo que puede hacer que se les deniegue la oportunidad de defender su derecho al asilo. Y aunque las pesquisas adicionales no lleven a que se deniegue el derecho al asilo, es probable que el procedimiento se vea ralentizado. En Alemania, también se puede someter a las personas solicitantes a interrogatorios adicionales en el contexto del procedimiento de asilo. Por desgracia, sigue siendo difícil identificar los datos corruptos en los análisis forenses digitales, lo que significa que las personas solicitantes podrían tener que pasar por interrogatorios innecesarios, lo que mina aún más la justicia del procedimiento de asilo.

Interpretación errónea de los datos

En los casos en los que los datos disponibles son explotables y no están corruptos, sigue existiendo el riesgo de que las autoridades estatales malinterpreten los datos registrados. Por ejemplo, puede que las autoridades estatales cuestionen el país de origen que declara una persona porque los datos de su teléfono móvil indican que ha llamado con frecuencia a números en otro país, pasando por alto que dicha persona pueda tener diversos motivos para hacerlo. Por ejemplo, si las llamadas telefónicas de una persona no son coherentes con su país de origen puede deberse a que sus familiares residan en el extranjero.

Un caso aún más problemático es cuando las autoridades estatales no tienen en cuenta el contexto cultural y malinterpretan los contenidos. Por ejemplo, encontrar fotografías con armas puede llevar a pensar que una persona esté asociada con la delincuencia, mientras que, como explicó una de las personas entrevistadas, «en determinados lugares, las fotos con armas son una forma de indicar el estatus». En consecuencia, los datos pueden ser malinterpretados cuando se sacan de contexto y se emplean como trasunto para reemplazar la historia vital de una persona solicitante de asilo. Este riesgo se ve exacerbado cuando los datos de los teléfonos móviles se extraen y analizan de manera automática, sin ninguna intervención humana. La automatización es parte del problema, en particular, los sesgos subyacentes integrados en los sistemas de análisis.

Al no haber información oficial sobre el registro de los teléfonos móviles, las personas solicitantes de asilo toman medidas para protegerse de posibles acusaciones derivadas de sesgos sistemáticos, como contó otra de las personas entrevistadas, un sirio de 28 años:

«Cuando me dijeron que nos quitaban los teléfonos móviles, lo que más me preocupó fue el tener que revisar a las 1000 personas en mi lista de amigos en Facebook para comprobar si alguna de ellas podía ser, no sé, problemática para las autoridades. A ver, hay gente que a veces se cambia la foto de perfil para parecer más masculina y, siendo de Oriente Medio… a esos contactos los borré. No quería tener ningún problema».

Como consecuencia de estos sesgos raciales percibidos por las autoridades, nuestro entrevistado borró a todos sus amigos «de aspecto oriental», con barba o con «apariencia masculina». Sin embargo, estas reacciones pueden despertar aún más sospechas entre las autoridades sobre la persona solicitante de asilo.

Las malas interpretaciones durante el procesamiento de los soportes de almacenamiento de datos también puede tener consecuencias inesperadas en las solicitudes de asilo. Las autoridades pueden poner en cuestión los argumentos de una persona que solicita asilo si los datos de su teléfono móvil contradicen o no aportan suficientes pruebas que apoyen su declaración. A modo de ejemplo, una persona que solicita asilo por pertenecer a la comunidad LGBTQ+ puede ver su solicitud denegada en Alemania si los datos de su teléfono móvil no aportan pruebas concluyentes. Sin embargo, Grindr, una popular aplicación de citas para la comunidad gay, está prohibida por ley en determinados países, como Irán, Siria o Rusia. Asimismo, el contexto cultural desempeña un papel notable. Como explicó una de las personas entrevistadas, en algunos países, «la gente no se atreve a descargarse Grindr o a guardar fotos personales e íntimas en sus móviles» por miedo a las represalias. En estos casos, las autoridades podrían concluir, ante la ausencia de estas aplicaciones o estos materiales entre los datos del dispositivo móvil, que no hay pruebas suficientes para conceder asilo a una persona por pertenecer a la comunidad LGBTQ+.

Conclusiones

El presente artículo ha analizado la práctica del registro de los teléfonos móviles y demostrado que los procedimientos actuales pueden socavar la eficacia y la legalidad del proceso. Esta práctica parte de la premisa de que se puede utilizar la actividad en línea de una persona para verificar su identidad y ratificar su declaración, sin tomar en consideración el contexto cultural o las limitaciones técnicas. Además, el registro de los teléfonos móviles pude violar el derecho a la privacidad, a la protección de los datos personales y a un proceso de asilo justo para las personas solicitantes. También se han analizado las estrategias de las personas solicitantes de asilo para impedir estas prácticas y proteger su privacidad. Habida cuenta de las limitaciones que presenta, es fundamental preguntarse por qué se sigue utilizando esta práctica. Los estudios futuros deberían centrarse en analizar si el fin justifica los riesgos potenciales asociados al registro de los teléfonos móviles y el estrés que genera en las personas solicitantes, así como si preservar el principio de la supervisión humana (o «human-in-the-loop») para garantizar que haya personas que interpreten los datos atendiendo a su contexto específico bastará para mitigar los sesgos sistemáticos integrados en la toma de decisiones basada en algoritmos.

Este artículo propone un cambio de paradigma: la presentación voluntaria de los teléfonos móviles ante las autoridades de asilo solo cuando las personas solicitantes consideren que puede ser útil para respaldar su solicitud. Este enfoque permitiría respetar los derechos fundamentales de las personas solicitantes y garantizar que no se las somete a un escrutinio innecesario.

Kinan Alajak
Asistente de investigación, Departamento de Comunicación y Estudios Culturales, Universidad de Utrecht k.alajak@uu.nl X: @KinanAlajak

Derya Ozkul
Profesora adjunta, Departamento de Sociología, Universidad de Warwick
derya.ozkul@warwick.ac.uk X: @DeryaOzkul

Koen Leurs
Profesora titular, Departamento de Comunicación y Estudios Culturales, Universidad de Utrecht
k.h.a.leurs@uu.nl X: @koenleurs

Rianne Dekker
Profesora adjunta, Departamento de Comunicación y Estudios Culturales, Universidad de Utrecht
r.dekker1@uu.nl X: @RianneDekker_

Albert Ali Salah
Profesor, Departamento de Informática y Ciencias de la Información, Universidad de Utrecht
a.a.salah@uu.nl X: @SzassTam

LEER EL NÚMERO COMPLETO

1Agradecemos a Maarten Bolhuis, Evelien Brouwer y Mirjam Twigt por su erudita labor, que ha nutrido este estudio. Los hallazgos citados en el presente artículo han sido fruto del Algorithmic Fairness and Asylum Seekers and Refugees Project, financiado por la Fundación Volkswagen, y del Co-Designing a Fair Digital Asylum Procedure Project, financiado por COMMIT y por las universidades de Países Bajos.

2Para más información sobre el caso de Países Bajos, véase Inspectie Veiligheid & Justitie (21 de diciembre de 2016). De Identificatie van Asielzoekers in Nederland. Vervolgonderzoek naar de registratie en identificatie van asielzoekers door politie en Koninklijke Marechaussee. Ministerio de Justicia y Seguridad, La Haya. Para el caso de Alemania, véanse Biselli, A., y Beckmann, L. (2020). Invading Refugees’ Phones, y Palmiotto, F., y Ozkul, D. (2023). “Like Handing My Whole Life Over”: The German Federal Administrative Court’s Landmark Ruling on Mobile Phone Data Extraction in Asylum Procedures, VerfBlog, 2023/2/28.

DONATE DONATE
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.