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Experiencias de la población refugiada con los documentos de identificación y la digitalización en India y Myanmar
  • Natalie Brinham y Ali Johar1
  • May 2024
A Rohingya refugee couple whose camp in Delhi was burned in 2021. Credit: Ali Johar

A partir de la experiencia activista conjunta de sus autores en la defensa de los derechos de las personas refugiadas y apátridas en India y Myanmar, el presente artículo analiza la manera en la que se puede hacer uso de los sistemas de identificación digital para excluir a las minorías.

El sistema de identificación digital de India ha sido aclamado por favorecer la inclusión social y la eficacia burocrática. Si bien ha traído grandes ventajas a muchas personas en India, las experiencias de las comunidades refugiadas reflejan que la digitalización trae consigo un lado menos halagüeño. Al combinarse con procesos de registro y de vigilancia para los no ciudadanos cada vez más hostiles, las comunidades refugiadas sufren exclusión económica y social, acoso y violaciones de sus derechos humanos.

Myanmar ha tratado de digitalizar su sistema de identificación nacional y ha probado tecnologías procedentes de China, India y otros países en un contexto de desplazamiento forzado y conflicto. Según consta, los esfuerzos más recientes de Myanmar por implementar un sistema de identificación digital han pasado por una mayor cooperación con el Gobierno indio. El régimen militar de Myanmar ya aprovecha los documentos identificativos para aplicar sistemas de vigilancia, control y persecución. Se corre el riesgo de que, si Myanmar adopta por completo un sistema de identificación digital, se limiten aún más los derechos de las minorías y de los grupos opositores.

La experiencia de un refugiado con los sistemas de identificación en India

Para Jafar Alam1, un refugiado de Myanmar en India, la tarjeta Aadhaar —la tarjeta de identificación digital india— no solo almacena información biométrica; también encarna las esperanzas del pasado, la inseguridad del presente y el miedo al futuro. Jafar nació en 1995 de padres rohinyás apátridas en el estado de Rakáin, en Myanmar, y se le denegó la ciudadanía de Myanmar. Cuando él y su familia, junto con otras 140 000 personas, huyeron de la violencia islamófoba en 2012, los únicos documentos que demostraban la residencia de su familia en el país quedaron destruidos tras un ataque pirómano

Cuando llegaron a Bangladesh, no existía ningún registro para refugiados. La asistencia para quienes llegaban se prestaba de manera improvisada y las detenciones eran frecuentes. Su familia tenía problemas para llegar a fin de mes. En este contexto, Jafar y su hermano mayor tomaron la difícil decisión de emprender la peligrosa ruta hacia India sin documentos.

El registro de la población refugiada en India era lento, pero a pesar de carecer de estatus legal, Jafar pudo encontrar un pequeño cobijo compartido y trabajo en la economía informal. Después de un año, consiguió una tarjeta identificativa de ACNUR, que le brindaba una cierta protección ante las detenciones y acceso a determinados servicios básicos, como atención médica a menor costo. También le permitió adquirir una tarjeta SIM, lo que hizo que retomara el contacto con fuentes externas de conocimiento y con su dispersa comunidad étnica.

Jafar utilizó la tarjeta de ACNUR como prueba de su condición jurídica y pudo solicitar un visado de larga duración, que consiguió en 2014. Por su parte, este visado le permitió acceder a una vanguardista tarjeta de identificación digital, la tarjeta Aadhaar, que se distribuyó entre todos los residentes en 2016. La tarjeta Aadhaar almacena información biométrica y demográfica individual y contiene un número identificativo único de 12 dígitos que vincula todos los datos personales. La tarjeta Aadhaar fue celebrada por constituir una herramienta de inclusión social, ya que reducía la necesidad de papeleo, mejoraba la eficiencia burocrática y brindaba mejor acceso a los servicios y sistemas de bienestar. Para Jafar Alam, la situación empezaba a mejorar. Una de las primeras cosas que hizo con su tarjeta Aadhaar fue abrirse una cuenta bancaria. Esto le facilitaba el acceso a un empleo y el recibir o enviar dinero a familiares. Y, lo mejor de todo: la tarjeta Aadhaar le permitía escolarizarse.

La exclusión y persecución de las poblaciones refugiadas facilitadas por la identificación digital en India

La situación en India cambió de manera repentina cuando, en agosto de 2017, el Gobierno del Bharatiya Janata Party (BJP) anunció que los refugiados rohinyás pasaban a considerarse «ilegales» y que serían deportados a Myanmar. Dejaron de emitirse visados de larga duración o tarjetas Aadhaar a la población refugiada, se les dificultó el acceso a servicios esenciales y se volvieron más vulnerables al acoso, al arresto y a la privación de libertad. Once días después de este anuncio, el ejército de Myanmar emprendió una brutal operación de limpieza étnica contra la población rohinyá que provocó que casi un millón de personas huyeran a Bangladesh. La población rohinyá en India se encontraba en riesgo de devolución (o deportación forzosa) a un contexto de genocidio.

Los datos biométricos y demográficos no solo se habían almacenado en el sistema Aadhaar, sino que también se incluyeron en una base de datos de «inmigrantes ilegales». Ese mismo año, en 2017, la policía india llevó a cabo un ejercicio de «verificación y registro» en el campamento de refugiados de Jafar Alam. Lo arrestaron junto con otros catorce refugiados. La policía arguyó que había «obtenido de manera ilegal» su tarjeta Aadhaar y lo imputaron. El documento al que en el pasado había tenido derecho ahora era el motivo de que estuviera en prisión. Cumplió un año de pena de cárcel. Pero Jafar Alam tuvo suerte, al ser de los pocos que logró ser puesto en libertad tras concluir la pena. Según la organización comunitaria Rohingya Human Rights Initiative, ahora mismo hay como mínimo 776 refugiados de Myanmar en prisión indefinida en India.

Cuando Jafar Alam fue puesto en libertad, su vida había cambiado drásticamente. Su tarjeta Aadhaar había sido suspendida. Ya no podía seguir estudiando. Las empresas de telefonía móvil ahora exigían contar con una tarjeta Aadhaar en vigor para ser titular de una tarjeta SIM. La tarjeta Aadhaar se había convertido en el documento obligatorio para recibir remesas, por lo que él y sus compañeros refugiados ya no podían recibir apoyo financiero de su familia o amigos. Su tarjeta de ACNUR le brindaba cada vez menos protección ante las detenciones en un entorno cada vez más hostil. Si bien la ley solo las concebía como un mero certificado de residencia, las tarjetas Aadhaar se habían convertido de facto en la única llave de acceso para casi todos los servicios del país, inclusive la educación, los servicios financieros, los permisos de conducir, las tarjetas SIM, los pasaportes, los subsidios y los suministros, ya fueran gas natural, agua o electricidad. En 2018, el Tribunal Supremo de India decretó que las entidades privadas no podían obligar a sus clientes a presentar una tarjeta Aadhaar para acceder a sus servicios. Sin embargo, esto no es lo que ocurre en la práctica. Como bien sabe la población refugiada en India, el mismo sistema de gestión de la identidad digital que una vez les prometió inclusión social ahora ha resultado en la mayor marginación de las comunidades refugiadas y de otros grupos despojados de derechos.
Ahora, Jafar Alam no deja de temer que puedan volver a arrestarlo o, lo que es aún peor, que lo deporten a Myanmar. Tras el golpe de Estado militar en Myanmar en 2021, su ciudad natal se ha visto asediada por los combates entre el ejército de Myanmar y el ejército de Arakán (un grupo principalmente budista de Rakáin que lucha por el derecho a la autodeterminación). Desde 2017, el Gobierno indio ha deportado a un número indeterminado de refugiados rohinyás a Myanmar. De ellos, 18 han sido identificados y seguidos de cerca por la Rohingya Human Rights Initiative. Algunos fueron detenidos a su llegada a Myanmar, otros tuvieron que separarse de sus familias y otros volvieron a huir.

El sistema de identificación actual en Myanmar y la vigilancia por parte del régimen militar

El Gobierno indio emitió para Jafar Alam un formulario de registro en birmano titulado «Verificación de ilegales procedentes de Myanmar». El formulario solicitaba información sobre sus parientes en Myanmar, y le preocupaba que pudiera utilizarse para atacarlos. La información de los 18 rohinyás deportados se había compartido con las autoridades de Myanmar, según la Rohingya Human Rights Initiative. A su llegada, Myanmar emitió una tarjeta de verificación nacional para cada uno de los deportados. Esta tarjeta inscribe a toda persona rohinyá como no ciudadana en Myanmar sujeta a una verificación de la nacionalidad. Desde hace tiempo, el sistema de identificación en Myanmar ha dispuesto sistemas de vigilancia, persecución y segregación.

Desde el golpe de Estado militar de 2021 en Myanmar, los conflictos civiles se han extendido por el país. El ejército ha instrumentalizado aún más los sistemas de registro e identificación en contra de la oposición y de las minorías de las zonas de conflicto. En combinación con los puestos de control y con otra infraestructura de vigilancia, se han dispuesto restricciones al movimiento que hacen que sea más difícil obtener ingresos o huir a un lugar seguro. Pero las deficiencias del sistema de identificación actual benefician a la oposición. Muchas personas siguen pudiendo sortear la vigilancia militar para operar en el país o para huir a un lugar más seguro. El ejército, que es bien consciente de su flaqueza en este ámbito, está probando el uso de información biométrica entre la población desplazada, apátrida u opositora.

Las tentativas de Myanmar de digitalizar los registros de datos y de hacer un uso eficaz de la información biométrica requiere inversión extranjera y apoyo técnico. Los proyectos de captación de apoyo extranjero se han visto obstaculizados tanto por la violencia genocida del 2017 como por el conflicto civil tras el golpe de Estado militar de 2021. Este último derivó en sanciones, en la retirada de inversores extranjeros y en la desviación de la financiación para el desarrollo de manos de los actores estatales. Dado que el apoyo de los prestamistas internacionales y de las empresas tecnológicas se ha debilitado, el régimen se ha acercado cada vez más a India, China e Israel. Para Jafar Alam y para el resto de las personas refugiadas que han experimentado el uso de los sistemas de identificación digital por parte de los gobiernos para excluirlas o para dificultar la supervivencia en los márgenes, es muy preocupante el uso indebido que las autoridades de Myanmar podrían hacer de las tecnologías de identificación.

El potencial uso indebido de las tecnologías de identificación digital en Myanmar

Se suele ver la digitalización y la actualización de los sistemas de identificación como requisitos previos indispensables para proyectos de desarrollo económico y humano a gran escala, por ejemplo, para el programa Identificación para el Desarrollo (ID4D) del Grupo del Banco Mundial. También se las considera fundamentales para prevenir la apatridia. En teoría, los sistemas digitales impiden que las sociedades se vean afectadas por los problemas derivados de los sistemas descentralizados o basados en el papel, como la pérdida y la destrucción de documentos. Sin embargo, los sistemas digitales también pueden exacerbar el desequilibrio de poder entre las personas y las autoridades estatales. Cuando son las autoridades estatales las agresoras, estas tecnologías pueden convertirse en una auténtica arma contra las minorías y la disidencia. Para la familia de Jafar Alam, que vio su documentación en papel destruida, ni siquiera un registro digital podría protegerlos ante la violencia administrativa mientras que estos sistemas sigan bajo el control del Estado militarizado de Myanmar.

En ocasiones, quienes promueven los sistemas de identificación digital han citado el sistema Aadhaar de India como ejemplo de buena práctica. Utilizar como criterio para la emisión de documentos identificativos la residencia, en lugar de la ciudadanía, permitiría sortear, en teoría, los problemas derivados de la exclusión de las comunidades no ciudadanas. Sin embargo, la experiencia de las poblaciones refugiadas y apátridas en India muestra que los sistemas de identificación digital basados en la residencia pueden, en la práctica, reforzar y exacerbar las estructuras de discriminación y exclusión endémicas, al perpetuar la condición jurídica irregular y al aislar a los grupos marginalizados de la esfera socioeconómica y de los sistemas de bienestar.

Los sistemas de identificación digital, cuando se utilizan en combinación con otras tecnologías de control fronterizas, pueden asociarse con la migración forzada y ocasionar y prolongar la situación de desplazamiento. La estrategia de los «cuatro cortes», desplegada por el ejército de Myanmar desde la década de los 60 contra la oposición y las minorías, pretende cortar el acceso a alimentos, financiación, información y adeptos. El sistema de identificación en papel se utilizó para restringir la libertad de movimiento y segregar a la comunidad rohinyá. Se convirtió en un método para impedir el acceso a alimentos, ingresos, fondos o asistencia humanitaria, así como para bloquear el acceso de la comunidad internacional y la difusión de la información sobre las atrocidades cometidas.

Los sistemas de identificación digitalizados que ofrecen un punto de acceso único para servicios y prestaciones podrían apuntalar los sistemas de vigilancia que impiden que los opositores al régimen militar puedan operar de manera clandestina o incluso huir del país. Pueden emplearse para despojar de nacionalidad y derechos a estas personas. Como bien sabe la población rohinyá, cuando se deniega la identidad jurídica de una persona es mucho más fácil privarla del derecho a regresar. Esto puede llevar a desplazamientos prolongados y a la imposibilidad de acceder a soluciones duraderas. Sin documento identificativo legal y con la creciente opresión de un sistema de fronteras digitales, desplazarse en busca de un lugar seguro puede volverse más caro y peligroso.

Las comunidades rohinyás han opuesto resistencia ante las prácticas de identificación coercitivas y opresoras por parte del Estado que buscaban catalogarlos de «extranjeros», para lo que emplearon estrategias de desobediencia civil durante el censo de 2014 y la distribución de las tarjetas de verificación nacional. Si bien los gobiernos occidentales y las organizaciones internacionales, entre ellas las Naciones Unidas y el Grupo del Banco Mundial, han limitado su colaboración con Myanmar en estas cuestiones, los intereses estatales y empresariales siguen motivando la transferencia de tecnologías opresoras a manos del ejército.

Conclusiones

La digitalización de los sistemas de identificación ofrece una combinación de salvaguardias y riesgos para las personas tanto refugiadas como en riesgo de apatridia o de desplazamiento forzado. Los registros biométricos y digitales para las poblaciones refugiadas pueden mejorar la eficacia del suministro de ayuda y servicios. Las tecnologías podrían mejorar el acceso a la protección para las personas refugiadas por medio de sistemas confiables que permitan a las autoridades y a los proveedores de servicios identificar con facilidad las necesidades de protección de una persona. Sin embargo, las comunidades refugiadas también deben confiar en que sus datos están a buen recaudo y que los sistemas de identificación electrónica generan protección y no riesgos. En un contexto cada vez más hostil hacia las poblaciones refugiadas, la digitalización aísla aún más el acceso de estas a las esferas económica y social, además de perpetuar su condición jurídica irregular, lo que genera vulnerabilidades y riesgos adicionales.

Si cae en malas manos, la digitalización de los registros y de los sistemas de identificación pueden respaldar la capacidad de los Estados de despojar de derechos a las minorías e imponerles la apatridia. Pero si cae en buenas manos, la digitalización de los registros y los sistemas de identificación nacional pueden ayudar a consolidar las protecciones sociales a distintos niveles para los grupos marginados; en particular, para quienes están en riesgo de apatridia, tales como las personas desplazadas internas o refugiadas que vuelven a sus lugares de origen.

La documentación en papel puede perderse o destruirse con facilidad y los sistemas no digitalizados pueden ser poco eficaces o generar inexactitudes que ocasionan un problema adicional cuando las personas que ostentan una condición jurídica precaria tienen que divulgar su identidad, lugar de origen, filiación familiar, derecho a la nacionalidad o a la residencia y tenencia de la tierra. Menos del 20 % del territorio de Myanmar se encuentra bajo el control administrativo efectivo del régimen militar. El resto se encuentra progresivamente dominado por agentes no estatales de administración liderados por la oposición étnica y política. Estos grupos controlan el movimiento transfronterizo de bienes y personas, las aduanas, los impuestos, el uso de la tierra y mucho más. Los agentes no estatales más progresistas podrían aprovechar o replantear las tecnologías de identificación para certificar la residencia, el lugar de nacimiento, la ciudadanía, el derecho a la tierra y prever el disfrute de los derechos y de los sistemas de bienestar.

Natalie Brinham
Investigadora posdoctoral del Consejo de Investigación Económica y Social, Universidad de Bristol
natalie.brinham@gmail.com X: @natbrinham

Ali Johar
Investigador refugiado, Refugees International
alijohar20@gmail.com X: @mtsjohar

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1Extendemos nuestro agradecimiento a la Rohingya Human Rights Initiative y al Institute on Statelessness and Inclusion. La labor de la Rohingya Human Rights Initiative ha sido fundamental para nuestro estudio y trabajo. Gran parte de la labor en la que se sustenta el presente artículo ha recibido el apoyo del Institute on Statelessness and Inclusion. La investigación actual de Natalie Brinham cuenta con el apoyo del Consejo de Investigación Económica y Social.

2Pseudónimo. Se han modificado tanto su nombre como otros detalles para proteger su identidad.

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