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La exclusión digital de las personas refugiadas y desplazadas internas en Sudán
  • Wala Mohammed
  • May 2024
Persona desplazada interna vive con sus parientes en el estado del Nilo Blanco (Sudán). Autoría: ACNUR y Ala Kheir

Quedar a la zaga del mundo digital puede ser devastador para las personas que migran por la fuerza. El presente artículo pretende reflexionar sobre la exclusión social a la que se enfrentan las personas refugiadas y desplazadas internas en Sudán debido a las repercusiones de las continuas restricciones de acceso a la tecnología.

La guerra civil en Sudán, que comenzó en abril de 2023, ha provocado el desplazamiento de más de 8 millones de personas. Como resultado de este devastador conflicto, la grave inseguridad alimentaria, los brotes de enfermedades, el desplazamiento de la población civil y la destrucción de los medios de vida, todo el país está prácticamente al borde del colapso.

Esto ha provocado que millones de personas en Sudán hayan perdido sus medios de subsistencia. La guerra ha paralizado la producción y ha destruido tanto el capital humano como las capacidades del Estado. Además, ha afectado a la estabilidad financiera al reducir el comercio, las finanzas y los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Los operadores de centros de datos han perdido el acceso a sus instalaciones y a su información, lo que ha provocado la caída de varios servicios esenciales relacionados con Internet. El capítulo de Sudán de la Internet Society informó de que solo el 12 % de los sitios web y servicios del dominio de nivel superior nacional de Sudán, «.sd», se encontraban operativos a fecha del 16 de junio de 2023.

Antes de la guerra, el sector informal comprendía casi el 60 % de la mano de obra. Desde que estalló el conflicto, muchas personas han perdido sus medios de vida y no cuentan con ninguna forma de protección social. El número de menores sin escolarizar también ha aumentado de 7 a 19 millones.

La relación entre las sanciones económicas y la exclusión digital en Sudán

La imposición de sanciones económicas y comerciales obstaculiza el libre uso de los medios de comunicación y las tecnologías digitales que las personas activistas, innovadoras o usuarias necesitan desesperadamente.

Sudán lleva aislado de la comunidad internacional desde 1993, cuando el Gobierno estadounidense lo etiquetó como Estado patrocinador del terrorismo. En 1997, Estados Unidos emitió un decreto ejecutivo por el que se imponían estrictas sanciones económicas a Sudán. En 2015, la concesión de una licencia internacional emitida por Estados Unidos para acceder a ciertos programas, equipos y servicios informáticos de comunicación personal alivió las sanciones en cierta medida, pero algunos proveedores optaron por no solicitar las licencias pertinentes para exportar sus servicios a Sudán, ya que obtenerlas podría ser complicado y, además, están sujetas a renovaciones periódicas.

Las sanciones a las tecnologías de la comunicación se levantaron en 2015, mientras que el embargo comercial no se levantó hasta 2017. Sudán no fue eliminado de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo hasta 2020. A pesar de esto, el acceso de la población sudanesa a los servicios tecnológicos y financieros sigue siendo limitado.  La lista de programas, equipos y tecnologías que siguen sujetos a restricciones es larga. Además, las grandes empresas tecnológicas excluyen a Sudán de sus listas de regiones que pueden acceder a servicios como Google Workspace, Microsoft Azure, Azure Government y Microsoft Office 365, así como a cursos en línea, plataformas y otros servicios generales.

La privación de acceso a oportunidades más amplias para generar ingresos durante la guerra en curso en Sudán empujará a un mayor número de familias a caer por debajo del umbral de la pobreza.

La exclusión digital de las personas refugiadas y desplazadas internas en Sudán

La prolongada crisis económica que atraviesa Sudán se ve agravada por los conflictos que ya existían en ciertas regiones. Antes de abril de 2023, 15,8 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria. En el momento de redacción del presente artículo, el número de personas que necesitan asistencia humanitaria asciende a 24,8 millones, entre las que se encuentran los 8 millones de personas desplazadas por la fuerza como consecuencia de la guerra.

Las plataformas digitales de empleo ofrecen a las personas desplazadas la posibilidad de acceder a medios de subsistencia. Benefician especialmente a aquellos grupos poblacionales tradicionalmente desfavorecidos y que tienen dificultades para acceder al mercado laboral, como las mujeres o las personas con discapacidad, jóvenes, refugiadas, migrantes o pertenecientes a minorías raciales y étnicas. Sin embargo, las personas desplazadas en Sudán se enfrentan a importantes barreras para unirse a las plataformas digitales de empleo debido a la exclusión de los bancos sudaneses de los sistemas bancarios internacionales, así como al hecho de que Sudán no está incluido en la mayoría de las plataformas de trabajo digitales, como Upwork y Fever. Algunas plataformas estipulan en sus condiciones generales que no se permite el registro de personas de países que estén sujetos a sanciones.

En todo el mundo, las personas refugiadas y desplazadas por la fuerza se enfrentan a dificultades de acceso a servicios básicos relacionados con la tecnología, como la obtención de tarjetas SIM, la conectividad móvil y el acceso a cuentas bancarias, y Sudán no es una excepción. Los requisitos estipulados en las leyes y reglamentos del país sobre la prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo crean barreras legales para que las personas refugiadas y solicitantes de asilo puedan acceder a las instituciones financieras formales, a los servicios financieros móviles y a otros servicios digitales. Estos problemas están interrelacionados. No disponer de un lugar donde depositar su dinero pone a las personas desplazadas por la fuerza en situación de gran vulnerabilidad.

La legislación sudanesa exige el registro de las tarjetas SIM mediante un documento de identidad reconocido. En la actualidad, los documentos de identidad sudaneses no cumplen con los criterios de registro de tarjetas SIM. Muchas personas refugiadas y solicitantes de asilo acceden a tarjetas SIM a través de familiares o amigos que disponen de un documento de identidad válido, otras lo hacen a través de agentes de operadores de redes móviles y otras a través de organizaciones humanitarias que distribuyen tarjetas SIM registradas de forma masiva a nombre de la entidad.

Aunque hay mecanismos formales e informales para eludir los requisitos de registro de las tarjetas SIM y de acceso a los servicios financieros, incluidos los de dinero móvil, estas soluciones son insuficientes en comparación con disponer de un marco jurídico abierto e inclusivo. Si bien las organizaciones humanitarias proporcionan asistencia por medio de dinero en efectivo, estos atajos conllevan riesgos y responsabilidades y desincentivan la verdadera inclusión financiera de las poblaciones afectadas. De este modo, las sanciones económicas pueden repercutir gravemente en la financiación y en la distribución de varias formas de ayuda humanitaria.

Recomendaciones para mejorar el acceso digital en Sudán y en otros lugares

Las restricciones de acceso a la tecnología y las políticas gubernamentales están impidiendo que las personas refugiadas o desplazadas internas puedan acceder a las plataformas digitales de empleo y a tarjetas SIM, entre otros servicios. Como consecuencia de la guerra en curso en Sudán, el número de personas que necesitan asistencia humanitaria aumentará, al tiempo que se dificultará la distribución de la ayuda, ya que muchas regiones serán inaccesible por razones de seguridad. El mayor acceso a Internet y a la tecnología móvil puede ayudar a los grupos marginalizados a mejorar sus condiciones, así como sus posibilidades de disfrutar de sus derechos, incluido el acceso a la educación, a los medios de vida y a la información. Las autoridades de Sudán deberían facilitar el acceso de las comunidades refugiadas y marginalizadas a tarjetas SIM mediante la actualización de las normas generales de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de 2012.

Resulta crucial que las facciones en conflicto y los actores del sector de las telecomunicaciones mantengan las redes de comunicación en tiempos de crisis bélica, dado que las interrupciones limitan el acceso de los ciudadanos a la información y socavan tanto la libertad de los medios como la libertad de expresión. Además, estas disrupciones obstaculizan el acceso de los ciudadanos a servicios esenciales y lugares seguros, así como también dificultan la eficacia de los esfuerzos humanitarios.

La estabilidad política y económica es clave para abordar los problemas de desarrollo y derechos humanos a los que hace frente el país. La comunidad internacional debe mantener su compromiso para poner fin al continuo conflicto en Sudán, promover la paz, la libertad y la justicia, así como apoyar la transición del país hacia un gobierno civil. Las repercusiones de las sanciones en el pasado aún se pueden sentir, lo que limita la capacidad de la población sudanesa para costearse y acceder a tecnologías que contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La comunidad internacional debería tomar nota y optar por la aplicación de sanciones más selectivas a los países en el futuro. En lo que respecta a Sudán, también se debe trabajar para facilitar el acceso a los servicios más generales que continúan bloqueados, incluso tras el levantamiento de las sanciones.

Wala Mohammed
Investigadora independiente y fundadora de la Fundación Hopes & Actions

wala.ahmed@outlook.com  linkedin.com/in/wala-mohammed-b01858ab/

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