En muchos contextos de desplazamiento prolongado a gran escala, la distribución de la ayuda humanitaria puede llegar a ser muy conflictiva, sobre todo cuando la población local se enfrenta a sus propios problemas económicos y vulnerabilidades, pero no cumple los requisitos para recibir la ayuda como los refugiados. Para contrarrestar este resentimiento, que puede afectar a la capacidad de las organizaciones humanitarias de cumplir su mandato de protección, los actores del sector de la ayuda han reaccionado incluyendo a la población local como beneficiaria y aprovechando la ayuda económica para apoyar el desarrollo local. Pero, como sugiere el historial del campo de refugiados de Kakuma, en Kenia, esta estrategia para reducir las tensiones conlleva riesgos adicionales a largo plazo.
Las relaciones entre la población refugiada y las comunidades de acogida en el condado de Turkana
Durante décadas, las relaciones entre la población refugiada y las comunidades de acogida en el campamento de Kakuma han estado marcadas por tensiones de bajo nivel. Cuando se producen confrontaciones, estas tensiones pueden escalar rápidamente hasta acabar en violencia. En 2017, un estudiante refugiado de la vecina región de Ecuatoria Oriental, en Sudán del Sur, atacó y mató a cinco estudiantes turkana y a un guardia nocturno en un instituto cerca de Lokichogio, a unos 100 km de Kakuma. El agresor fue detenido por la policía, pero luego una turba local lo sacó de su celda y lo asesinó[1]. En 2018, la población refugiada somalí emprendió una marcha hacia la localidad de Kakuma para protestar por la falta de seguridad en el campamento tras una oleada de robos nocturnos, violaciones y asesinatos. Manifestantes turkana preocupados porque los refugiados suponían una amenaza para los negocios locales salieron a su encuentro en el río Tarac. Hizo falta la intervención militar para mantener a las dos partes separadas. Más recientemente, el creciente perfil de miembros de la comunidad LGTBIQ+ dentro del campamento provocó la ira de la población local y desembocó en que perpetraran una serie de incidentes violentos contra ellos[2].
Una especial fuente de tensiones es el hecho de que muchos lugareños sienten que no se han beneficiado significativamente de la presencia de los refugiados, a pesar de haber cedido sus tierras y pastos cuando se construyó el campamento. Además, desde la perspectiva del pueblo turkana, que practica un modo de vida comunal y comparte los recursos disponibles, es inmoral que ACNUR garantice a los refugiados una ayuda básica, mientras que la población local se las tiene que arreglar con lo poco que reciben del Gobierno. Este sentir se recoge sucintamente en una narrativa que surgió a principios de la década de los 2000, que sugería que en Kakuma[3] es mejor ser un refugiado que un turkana.
Desde el punto de vista oficial, el mandato de ACNUR consiste en proporcionar protección a los refugiados, mientras que los problemas de las comunidades locales son competencia de los Gobiernos nacionales y regionales. Pero, a lo largo de gran parte de la historia de Kenia, se ha dejado de lado a Turkana en los programas nacionales de desarrollo. Cuando ACNUR empezó a operar en Kakuma y a prestar ayuda a los extranjeros que vivían en el territorio de Turkana, muchos lugareños se sintieron excluidos, un sentimiento que se vio amplificado por su largo historial de marginación.
La cohesión en la legislación y los programas
Las organizaciones humanitarias han respondido con esfuerzos para mitigar las tensiones y promover relaciones positivas entre los refugiados y la comunidad turkana, normalmente bajo el lema de la “coexistencia pacífica”[4]. Al principio, consistían en acuerdos ad hoc que abrían a los kenianos el acceso a los programas y servicios para refugiados. Más recientemente, estos acuerdos se han formalizado en políticas como el Marco de Respuesta Integral para los Refugiados de 2016 y el Programa Integrado de Desarrollo Económico y Social de Kalobeyei de 2018[5]. La coexistencia pacífica también se ha codificado a nivel legislativo a través de la Ley sobre Refugiados de 2021, en la que varios artículos detallan estrategias para promover la paz, como el uso compartido de las instituciones, instalaciones y espacios públicos por los refugiados y las comunidades de acogida. Muchos de estos objetivos están en consonancia con el emergente programa de “cohesión social” en la formulación de políticas sobre personas refugiadas, aunque Kenia se ha quedado estancada en la antigua terminología.
Uno de los problemas es que, a medida que la cohesión pacífica se ha ido formalizando y normalizando en el marco normativo sobre los refugiados de Kenia, han aumentado las expectativas sobre los “derechos para la comunidad de acogida”. Al igual que en otras zonas de acogida de refugiados, como Dadaab, en el condado de Garissa, la población de Kakuma ha recurrido cada vez más a las campañas de presión y, en ocasiones, incluso a la violencia para exigir prestaciones a las organizaciones que operan en su territorio. Los actores humanitarios han expresado su preocupación por estas interrupciones de su trabajo. Algunas de estas actividades han sido organizadas por actores políticos locales con la esperanza de posicionarse como defensores de la comunidad. Otros han intentado orientar algunos “derechos para la comunidad de acogida”, como puestos de trabajo o licitaciones para la construcción, hacia sus propios contactos. Esta politización de la ayuda ha ido acompañada de la decepción por las expectativas no cumplidas acerca de los beneficios de la acogida, así como de la insatisfacción por el desigual disfrute de las prestaciones entre los distintos estratos de la población turkana[6].
Impulsar el programa de “coexistencia pacífica” en Kenia
A pesar de estas complicaciones, el programa de coexistencia pacífica en Turkana es prometedor. Existe un largo historial de comercio, cooperación económica e incluso matrimonios entre personas refugiadas y miembros de la comunidad de acogida. Pero los responsables de la formulación de políticas deben reforzar la base jurídica de la pertenencia de los refugiados en Kenia. A pesar de los esfuerzos por ofrecer a los refugiados oportunidades económicas a pequeña escala dentro de la zona del campamento, se les sigue negando el libre tránsito y el derecho a trabajar, a menos que soliciten permisos especiales. Los objetivos en lo que respecta a la coexistencia requieren que haya un cierto nivel de igualdad entre los diferentes colectivos, que debe sustentarse sobre los derechos jurídicos para los refugiados.
En este sentido, los proyectos de coexistencia pacífica se han centrado hasta ahora principalmente en las dimensiones económicas de las relaciones entre la comunidad de acogida y las personas refugiadas, entre las que se incluyen el aprovechamiento de la ayuda como una inversión en el desarrollo local. Pero invertir la ayuda en el desarrollo local convierte el campamento en un recurso para la comunidad de acogida, lo que hace que corramos el riesgo de que a los refugiados se les vea menos como cohabitantes y más como una mercancía. Si bien la comunidad de acogida puede estar contenta de que las personas refugiadas se queden, también puede acostumbrarse a que vivan en campamentos y oponerse a otorgar mayores derechos a los refugiados, ya que esto haría que ellos —y las prestaciones que trae consigo su presencia— se dispersaran hacia Nairobi y otras zonas de Kenia. Esta actitud podría, de hecho, ir en contra de los esfuerzos por promover la cohesión social a largo plazo.
Ekai Nabenyo ikainabenyo@gmail.com @ekainabenyo
Responsable de Investigación, Proyecto SoCHO, Universidad de Maseno
[1] https://bit.ly/militia-turkana
[2] Declaración de ACNUR sobre la situación de los refugiados LGTBIQ+ en el campamento de Kakuma. https://bit.ly/LGBTIQ-Kakuma
[3] Aukot E (2004) “‘It Is Better to Be a Refugee Than a Turkana in Kakuma’: Revisiting the Relationship between Hosts and Refugees in Kenya”, Refuge.
[4] Rodgers C (2021) “The ‘Host’ Label: Forming and Transforming a Community Identity at the Kakuma Refugee Camp”, Journal of Refugee Studies, 34 (2): pp. 1859-1878. https://bit.ly/host-label
[5] https://www.unhcr.org/ke/kisedp-2
[6] Rodgers C (2021) “Community Engagement in Pastoralist Areas: Lessons from the Public Dialogue Process for a New Refugee Settlement in Turkana, Kenya”, Pastoralism 11 (26).