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La migración forzada es uno de los fenómenos que ha hecho famosa a la República Democrática del Congo (RDC) por razones equivocadas. Esto se debe a la inmensa población afectada, los contextos que subyacen en esta migración y su naturaleza inhumana. Millones de congoleños han sido repetidamente  obligados a abandonar sus hogares huyendo del sonido de las botas marchando, porque una catástrofe les ha dejado sin nada o, simplemente, porque no tienen más opción que partir.

A principios de la década de 1990 las confrontaciones interétnicas en las regiones del centro y del este agravaron la inestabilidad política que se extendió por todo el país y se convirtió en una guerra civil a gran escala en 1996. El proceso de retorno y reintegración de las PDI fue interrumpido en los años sucesivos cuando una gran rebelión contra el gobierno de Kinshasa casi triplicó el número de desplazados alcanzando los dos millones a finales del año 2000.

La comunidad humanitaria se ha enfrentado a enormes desafíos en su intento de proteger a las mujeres y niñas de la República Democrática del Congo (RDC). Las estrategias de prevención civil implementadas tradicionalmente por los actores humanitarios son de vital importancia para abordar las causas subyacentes de la violencia sexual y de género, así como proporcionar algunas medidas de protección física y de responsabilidad.

La atención internacional de los medios de comunicación y los gobiernos donantes sobre la violencia sexual en la República Democrática del Congo (RDC) ha llevado a la ONU a lanzar una nueva estrategia global contra la violencia sexual en 2009. La estrategia consta de cinco componentes, tres de los cuales están directamente relacionados con la prevención: combatir la impunidad, reforma del sector seguridad y, por último, prevención y protección.

ACNUR, Ruanda y la República Democrática del Congo (RDC) firmaron el 17 de febrero de 2010 el Acuerdo Tripartito 1 para llevar a cabo la repatriación recíproca de refugiados entre Ruanda y la RDC.

Los conflictos por la tierra son la raíz de la agitación en el este de la República Democrática del Congo (RDC), donde las tierras constituyen tanto un seguro contra las malas rachas económicas, como la base de una identidad individual y comunitaria. Todas las tierras en la RDC son propiedad del Estado y los ciudadanos congoleños tienen el derecho legal sólo a utilizarlas.

Los desplazamientos físicos y económicos inducidos por la protección medioambiental no pueden considerarse un mal menor ya que afectan a las vidas y modos de subsistencia de hasta 17 millones de personas en la República Democrática del Congo (RDC), casi el 25% de la población total.