Después de recibir llamadas telefónicas desesperadas de mujeres migrantes detenidas en la cárcel del Condado de Baker, en la zona rural de Florida, los abogados de Americans for Immigrant Justice decidieron visitar las instalaciones. Sin embargo, cuando el equipo llegó, el alcaide insistió que en la cárcel no había ninguna mujer. Finalmente, los abogados se fueron. Al día siguiente recibieron otra llamada de una mujer desde el Condado de Baker desesperada por conseguir ayuda. Las mujeres habían estado allí todo el tiempo, pero de alguna manera el alcaide no estaba al tanto de su existencia.
Que el alcaide del Condado de Baker insistiera que no había mujeres en su cárcel es un síntoma de la invisibilidad de las mujeres en el sistema de detención migratoria de los Estados Unidos. De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EEUU (ICE, por sus siglas en inglés), las mujeres han representado el 9-10% de la población bajo detención migratoria desde 2008. En 2012, la duración promedio de la permanencia en detención de las mujeres fue 10% más prolongada que la de los hombres, y en el primer semestre de 2013 fue un 18% más prolongada. Es cinco veces más probable que las mujeres detenidas sean solicitantes de asilo.[1]
La mayoría de las mujeres están agrupadas en sólo seis instalaciones, mientras que el resto están albergadas en pequeños grupos en cárceles estatales y locales de todo el país. Las seis instalaciones están ubicadas en el sureste y el suroeste de los EEUU, y una instalación en el noroeste. Esta distribución geográfica es importante porque significa que una mujer detenida fuera de estas áreas probablemente sea transferida lejos de donde viven ella y su familia. Investigadores de Human Rights Watch han documentado los numerosos impactos negativos de el traslado sobre la unidad familiar, el acceso a un abogado y la capacidad de lograr un aplazamiento de la deportación.
Las mujeres que no están detenidas en las seis grandes instalaciones se enfrentan a un conjunto diferente de problemas. La mitad de estas instalaciones más pequeñas representan menos del 3% de la población detenida. Este estatuto de minoría afecta significativamente las condiciones de detención y limita la “libertad de movimiento” de las mujeres – como se denomina al acceso a los servicios. En gran parte esto es el resultado de problemas logísticos que se derivan de la política del ICE que prohíbe que hombres y mujeres estén mezclados. Cuando el ICE alberga hombres y mujeres en las mismas instalaciones, la interacción entre ellos está estrictamente prohibida. La escasez de personal y la distribución de las instalaciones, sin embargo, con frecuencia generan menor libertad de movimiento para las mujeres, quienes están limitadas a ciertas áreas o requieren escoltas para ir de una zona a otra, mientras que los hombres pueden ir y venir con mayor libertad. El resultado es que las mujeres no suelen tener el mismo acceso que los hombres a bibliotecas jurídicas, servicios religiosos, citas médicas, salas de recreo y de visitas. Esta desigualdad puede incluso afectar el acceso a los procedimientos judiciales. Por ejemplo, en la prisión del Condado de Glades, en Florida, las mujeres detenidas sólo pueden participar a través de videoconferencia en las audiencias que determinan si serán deportadas, mientras que los hombres detenidos pueden participar en persona. Esto plantea una alarmante preocupación sobre el proceso.
La Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC, por su sigla en inglés) también ha encontrado que las mujeres están más expuestas que los hombres a ser mezcladas con delincuentes. Esto se debe a que más de la mitad de las instalaciones que detienen mujeres albergan menos de diez en un determinado día, lo que no es suficiente para llenar un entero módulo penitenciario. En lugar de desperdiciar camas, estas instalaciones encierran a las migrantes detenidas junto a delincuentes presas. Esta mezcla no sólo viola las normas del ICE, sino que también causa sufrimiento emocional y revive el trauma.
Experiencias y necesidades de las mujeres
Las experiencias de las mujeres detenidas difieren sustancialmente de las de los hombres, no sólo porque son la minoría en un sistema mayoritariamente masculino, sino también porque tienen experiencias y necesidades particulares que no son reconocidas ni satisfechas.
En primer lugar, las mujeres detenidas son vulnerables a la agresión y la explotación sexual, como lo demuestran las 185 denuncias de abuso sexual presentadas por las detenidas desde 2007.[2] El ICE ha comenzado a abordar este problema mediante la publicación de un proyecto de reglamentos prolongadamente esperados para cumplir la Ley para la Eliminación de las Violaciones Sexuales en Prisión de 2002. Además, las solicitantes de asilo detenidas sufren de manera desmesurada de altos índices de depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático, y gran parte de las mujeres detenidas también fueron víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, trata y otras formas de violencia por motivos de género. Es fundamental identificar estas poblaciones vulnerables de mujeres, con sus necesidades específicas de salud mental y física. Sin embargo, el ICE podría no lograr identificarlas porque depende de que las detenidas se identifiquen como vulnerables o traumatizadas y depende de personal no capacitado (que con frecuencia son hombres) para recabar información sensible.
En segundo lugar, las mujeres tienen necesidades particulares de salud. En el Centro de Detención del Condado Irwin en Alabama, las mujeres necesitan una nota de su médico para recibir más de 12 compresas higiénicas al mes. Otras instalaciones sólo proporcionan a las mujeres una compresa higiénica a la vez, obligando a que la mujer pida compresas a los guardias de sexo masculino. Algunos de los relatos más inquietantes sobre la detención inadecuada y la falta de atención son de mujeres embarazadas. Las mujeres detenidas en Georgia y Arizona dijeron a la WRC que les negaron las solicitudes de colchones adicionales cuando su ropa de cama era muy delgada, y se vieron obligadas a dar a luz con sólo una enfermera presente. De acuerdo con un informe de la Universidad de Arizona, ha habido mujeres que han abortado después de que sus peticiones de atención médica por una profusa hemorragia fueran ignoradas.
El ICE ha tomado algunas medidas positivas para hacer frente a la atención de salud inadecuada, desarrollando un estándar médico para mujeres con directrices específicas de género. Pero puede y debe hacer más para implementar estos nuevos estándares en todas las instalaciones y llevar a cabo la debida supervisión y rendición de cuentas. Hasta hace poco, los estándares de detención más enérgicos que eran aplicados en la mayoría de las instalaciones contenían sólo tres referencias a las diferencias de género en su capítulo sobre atención médica (prenatal y posparto, un número suficiente de inodoros y exámenes anuales apropiados al género). Los nuevos estándares, emitidos en 2011, ofrecen mayores garantías de atención médica adecuada y necesaria; sin embargo, hasta la fecha sólo cuatro de las 86 instalaciones que detienen a mujeres han accedido a seguir estos estándares.
En tercer lugar, la separación de las familias que se deriva de la detención afecta particularmente a las mujeres. Es más factible que las mujeres sean cabeza de familias monoparentales, lo que significa que es más probable que la detención de una madre deje a niños sin cuidador. Las madres entrevistadas por la WRC con frecuencia no podían pedir ayuda para el cuidado de sus hijos ya que el ICE no garantiza que las detenidas puedan hacer llamadas telefónicas. Las consecuencias de esta política pueden ser nefastas, incluso pueden poner en peligro el bienestar de los niños, causar un trauma emocional severo y la suspensión de la patria potestad. Una vez detenidos, puede ser extremadamente difícil para las madres y los padres mantener la comunicación básica con los hijos, el sistema de bienestar infantil y los abogados. Los requisitos que los padres deben cumplir visitando en persona a sus hijos o tomando clases de educación parental (que no están disponibles durante la detención) pueden hacer que sea imposible recuperar la custodia. Los centros de detención también suelen negar las solicitudes de los padres para participar, incluso por teléfono, en los procedimientos de los tribunales de familia cuando su patria potestad está en riesgo. Todos estos obstáculos básicos para la comunicación y la participación se ven exacerbados para las mujeres porque tienen más probabilidades que los hombres de ser transferidas lejos de sus hijos y las comunidades que pueden apoyarlas.
Las principales recomendaciones de la WRC incluyen:
· Mejorar la selección y capacitación del personal para identificar y responder adecuadamente a las poblaciones vulnerables.
· Contratar a detenidos como administradores de recursos que actúen como puntos de contacto en relación a los problemas de las mujeres en cada instalación.
· Recopilar datos específicos de género más completos.
· Ampliar las alternativas a la detención, especialmente para las mujeres embarazadas, las cuidadoras principales y otras poblaciones vulnerables.
· Reformar las leyes de inmigración para incluir la protección y el debido proceso para todos.
Michelle Brané MichelleB@wrcommission.org dirige el Programa de Derechos y Justicia de los Migrantes de la Comisión de Mujeres Refugiadas www.womensrefugeecommission.org. Lee Wang, lwang00@gmail.com fue pasante del programa.
El informe de la Comisión de Mujeres Refugiadas sobre mujeres detenidas será publicado próximamente en http://wrc.ms/162ur8f . Para más información sobre el trabajo de la Comisión de Mujeres Refugiadas sobre las mujeres detenidas, ver http://wrc.ms/1eoH8DE.
[1] Todos los datos son del ICE obtenidos por la Comisión de Mujeres Refugiadas el 28 de marzo de 2013.