Generalmente se entiende por alternativa a los programas de detenciones como los medios de los organismos gubernamentales de monitorizar a los no ciudadanos sin incurrir en los costes y violación de derechos asociados a la detención de inmigrantes. Estos programas son mucho menos caros que la custodia oficial en los centros de detención de inmigrantes. La gente inscrita en estos programas puede disfrutar de mayores derechos y libertades y al mismo tiempo se satisface el interés primordial del Estado de garantizar que los no ciudadanos están localizables por si se les hubiera que entregar órdenes de expulsión.
La detención oficial puede ser sustituida por el arresto domiciliario en combinación con sistemas de vigilancia electrónica, obligación de presentarse ante las autoridades y toque de queda.[1] A los individuos se les puede colocar (“etiquetar”) una tobillera electrónica conectada a un sistema de vigilancia por satélite. Aunque el sistema no rastrea los movimientos del portador con la misma precisión que un dispositivo de seguimiento, puede determinar si el portador realmente se encuentra en casa. Si no está oculta, la tobillera puede estigmatizar socialmente a la persona. Pero aunque lo esté, puede ocasionar daños físicos como rozaduras y también daños emocionales, por su asociación continua con la prisión y la potencial deportación.
La supervisión comunitaria es un programa mucho más discreto que la detención o que el arresto domiciliario y seguimiento. Dichos programas normalmente incluyen elementos clave como ofrecer asesoramiento jurídico profesional, una gestión de su caso más cercana y poder conocer (las personas apuntadas a estos programas) las consecuencias del incumplimiento de los mismos. A la gente adscrita a programas de supervisión comunitaria se le permite vivir con sus familiares y con miembros de su comunidad religiosa o de la organización comunitaria; a veces se le permite trabajar y sus hijos normalmente pueden ir a la escuela y recibir cita médica. Como tal, se hace uso de la confianza de la comunidad y las redes familiares y religiosas, al contrario de lo que ocurre con quienes llevan tobilleras y tienen que cumplir con la obligación de presentarse ante las autoridades.
La mayoría de los observadores consideran que el asesoramiento jurídico profesional que reciben resulta clave para las reducidas tasas de evasión a la justicia asociadas, por lo general, a las “alternativas a la detención”, porque los adscritos a estos programas pueden llegar a confiar en el sistema de adjudicación de asilo e inmigración. El papel esencial del asesoramiento jurídico profesional hace que resulte complicado evaluar el papel de otros aspectos del arresto domiciliario o de la supervisión comunitaria. Dicho de otro modo, ¿la gente no evade la justicia porque se ha resignado a ser monitorizada? ¿o porque su monitorización evita la evasión de la justicia? ¿o tal vez porque se siente vigilada aun en la comunidad? ¿o porque una comprensión más profunda de su situación jurídica le ofrece una garantía de que la adjudicación será justa y un incentivo para esperar a ver cómo se resuelve su caso?
Stephanie J. Silverman sj.silverman@gmail.com es investigadora postdoctoral en el Centro Nathanson sobre Derechos Humanos Transnacionales, Delincuencia y Seguridad http://nathanson.osgoode.yorku.ca/ y coordinadora del grupo de debate sobre detención “Detention Workshop Discussion Group”, un foro abierto a investigadores, profesionales y políticos interesados en cuestiones relacionadas con la detención.
[1] Crawley, H.: ‘Ending the detention of children: developing an alternative approach to family returns’ (“Acabar con la detención de menores: el desarrollo de un enfoque alternativo para los retornos familiares”), 2011 http://tinyurl.com/Crawley-familyreturns-2010