Estimaciones recientes sugieren que casi 4,9 millones de colombianos han sufrido desplazamientos internos a causa del prolongado conflicto armado y de la violencia política asociada en la que se encuentra implicados el Estado y grupos armados de la guerrilla izquierdista, así como diversos grupos paramilitares derechistas altamente regionalizados y redes armadas de narcotraficantes.1 Muchos de los desplazamientos forzados de los últimos años son el resultado, directa o indirectamente, de las ofensivas militares del Estado y los grupos paramilitares que se disputan el control de las zonas rurales, históricamente fortalezas de la guerrilla. No sólo hay personas desplazadas internamente que han huido de los efectos de la guerra, sino que, en los graves conflictos por el control del territorio y la población, todas las partes del conflicto han desplazado de manera forzosa a los habitantes locales sospechosos de “colaborar” con el enemigo.
El gran número de grupos armados no estatales y la compleja naturaleza de sus cambiantes conflictos y alianzas dificultan cualquier intento sencillo de definir su papel en el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia. Mientras que otros grupos armados no estatales han aparecido y desaparecido, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) —con tendencias comunistas— y la Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional (UC-ELN) —más pequeño y de inspiración cubana— han perdurado como las principales partes insurgentes del conflicto. El hecho de que la mayoría de los desplazamientos de los últimos 15 años se hayan originado en sus zonas rurales de influencia eleva algunas cuestiones importantes: ¿cómo entienden y aplican las leyes del derecho internacional humanitario (DIH) que prohíben los desplazamientos forzados? ¿cómo reaccionan ante el retorno de los desplazados internos a aquellas zonas rurales en las que operan? ¿qué posibilidades de retorno seguro existen en dichas zonas para los desplazados internos? ¿qué papel pueden desempeñar las agencias humanitarias locales o internacionales en tales procesos?
Este artículo se basa en mi trabajo de campo en seis regiones de Colombia durante 2007 y 2008 documentando procesos de retorno de los desplazados internos durante estos años y los anteriores.2 En aquella época los grupos guerrilleros estaban militarmente activos en todas estas regiones, una situación que ha cambiado debido a los avances de las fuerzas armadas estatales en algunas de ellas.
El DIH y los reglamentos internos
Los dos principales grupos armados no estatales insurgentes conciben su relación con el DIH de manera distinta. Las FARC-EP no acepta estar oficialmente ligadas al DIH, cuya interpretación consideran, en todo caso, “abierta”.3 En contraste, la UC-ELN afirma estar amparada por el Protocolo II de 1977, adicional a la Convención de Ginebra (AP2), y ha incorporado muchas de sus normas a su Código Militar, si bien también critica que el AP2 es incompleto e impreciso y lo ha complementado con normas que en apariencia van más allá de los requisitos formales del DIH.4
A pesar de estas consideraciones jurídicas, cada grupo guerrillero regula oficialmente a sus combatientes mediante un difuso cuerpo de normas internas que en ocasiones coinciden con los principios básicos del DIH. Por ejemplo, ambas organizaciones guerrilleras exigen a sus miembros que traten con respeto a las personas consideradas no-combatientes. Las normas disciplinarias de las FARC-EP prohíben expresamente "[...] la falta de respeto hacia las masas, el asesinato de hombres y mujeres civiles, los abusos sexuales, robar a los civiles... [y] cualquier actividad que vaya contra [...] las buenas costumbres de la población".5
Sin embargo, este principio de distinción es mucho más limitado que los concebidos de manera convencional por el DIH y tiende a tildar cualquier forma de colaboración con "el enemigo" como una justificación para retirar a la persona el derecho a la protección en calidad de "civil".
Cómo tratan las normas internas de los insurgentes a los retornados corresponde directamente a la manera en que cada uno percibe su relación con el DIH. Aunque ampliando de manera discutible el Artículo 17 del AP2, el código militar de la UC-ELN, no pone condiciones a su prohibición general del desplazamiento forzado: "La población civil no será forzada a desplazarse de las zonas de combate". En el mismo sentido, la UC-ELN realizó importantes promesas respecto a los desplazados internos en su Acuerdo de Puerta del Cielo, firmado con destacados representantes de la sociedad civil en 1998: "[Nosotros] fomentaremos y apoyaremos su organización [de los desplazados internos] e interlocución para la defensa de sus legítimos intereses y necesidades, en especial el retorno seguro..." [énfasis añadido].
Por otro lado, las normas internas de las FARC-EP parecen omitir cualquier referencia directa a la cuestión del desplazamiento forzado y ninguna organización guerrillera ha incorporado los Principios rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU a sus reglamentos internos. En cualquier caso, tales reglamentos internos sólo representan una imagen incompleta de la relación de los grupos guerrilleros colombianos con el fenómeno del desplazamiento interno.
Las prácticas de la guerrilla y los retornos
Los grupos guerrilleros, en general, parecen muy receptivos al retorno de las personas desplazadas internamente. Esto se deduce claramente de los reglamentos de la UC-ELN. Es más, las FARC-EP han tratado incluso de localizar a grupos de población rural desplazada en los centros urbanos para animarles a regresar a sus hogares o, en algunos casos, para obligarles. Este enfoque es consecuente con sus fundamentos políticos de proteger los intereses de los campesinos, así como con las preocupaciones humanitarias, pero también es apoyado por consideraciones militares. Incluso en las zonas en disputa, por ejemplo, los beneficios estratégicos de disponer de una presencia civil conocida en una zona rural parece tener más peso para la guerrilla que los riesgos que conlleva.
Ambos grupos guerrilleros imponen restricciones a la circulación de personas en las zonas rurales por una cuestión práctica. El retorno representa un riesgo especial para la guerrilla debido a la posibilidad de que los desplazados internos se hayan convertido en informadores durante su exilio en los centros urbanos controlados por las fuerzas armadas estatales y/o por los paramilitares. Para gestionar estos riesgos los grupos guerrilleros tienden a imponer una o más de las siguientes condiciones:
- Para poder llevar a cabo el retorno se debe contar con el permiso previo de la guerrilla.
- Está prohibido que los retornos se realicen escoltados por las fuerzas armadas estatales o por los paramilitares. A veces se permite la presencia de determinadas instituciones estatales de carácter civil.
- Se establecen unos plazos estrictos en los cuales los desplazados internos deben retornar.
- Los desplazados retornados deben aceptar restricciones adicionales sobre sus traslados, ya sea para permanecer en el área o para reducir la frecuencia de sus visitas a las zonas urbanas.
Las organizaciones guerrilleras obligan a los desplazados internos retornados a cumplir estas condiciones mediante métodos de coacción cuando es necesario, estando entre ellos el uso estratégico de minas antipersona. Estos mismos métodos de coacción constituyen los pilares de los sistemas de "ley" y "justicia" que los grupos guerrilleros ofrecen a estas comunidades remotas y, frecuentemente, aisladas.
La seguridad en el retorno: estrategias de las personas desplazadas internamente
Los desplazados internos que quieren regresar a sus hogares en las zonas rurales de Colombia suelen lidiar con las continuas tensiones entre las organizaciones guerrilleras y las fuerzas armadas estatales u otros grupos armados no gubernamentales. Cada uno de ellos pretende imponer una serie de exigencias a los antiguos habitantes de la zona que deseen regresar. Sin embargo, los desplazados internos retornados no responden de manera pasiva, sino que más bien son actores por derecho propio que a menudo intentan gestionar, mediante estrategias prácticas concretas, los riesgos que la imposición de estos marcos competitivos de control pueden acarrear a su seguridad.
Algunos desplazados internos regresan a sus hogares como consecuencia del fracaso de la integración en las ciudades y la falta de confianza en la capacidad o la voluntad del Estado para protegerles. Buscar al grupo guerrillero y pedirle permiso para regresar a casa puede resultar la única estrategia plausible para muchos campesinos pobres, en especial cuando hay una fuerte presencia guerrillera en la zona rural. No obstante, esto implica la necesidad de asumir las condiciones que el grupo guerrillero imponga y el riesgo a exponerse a sufrir represalias de las otras partes del conflicto.
También hay comunidades desplazadas que intentan garantizar un retorno seguro buscando para ello la protección de las fuerzas armadas estatales. En las regiones en las que las fuerzas armadas poseen una fuerte presencia a veces se proporciona escolta permanente a las comunidades. Esto evita los ataques directos y prolongados de la guerrilla contra los núcleos de población en los que las fuerzas armadas se han establecido. Sin embargo, la efectividad de este elemento disuasorio reduce los límites externos del pueblo (ej.: en campos y carreteras de acceso) y los ataques son comunes. Además, la percepción de "colaboración" por parte de la comunidad hace que se convierta en un objetivo militar para las guerrillas. No se trata de que contar con la escolta temporal de las fuerzas armadas durante los retornos sea ineficaz, pero puede ser muy peligroso para los retornados.
Otras personas desplazadas pretenden garantizar su seguridad evitando la posibilidad de que se perciba cualquier tipo de "colaboración" con cualquiera de las partes del conflicto. Algunos simplemente tratan de evitar el contacto con ellas, como ocurre en los "retornos laborales", durante los cuales los desplazados internos acuden a trabajar a sus tierras en el campo durante el día pero regresan a los centros urbanos al anochecer. Otros adoptan un enfoque más sostenible y se acercan por separado, pero de manera directa, a todas las partes del conflicto para pedir que respeten la decisión de la comunidad de no colaborar con ninguna de ellas. Hallé ejemplos de esta estrategia en cinco de las seis regiones en las que trabajé. Aunque la estrategia no es nueva o exclusiva de los retornados, el contexto de retorno parece ofrecerles mayor fuerza para asegurar el respeto de las partes relevantes del conflicto. En algunos casos esto se debía a que tanto los grupos guerrilleros, como otras partes del conflicto, deseaban que el retorno tuviera lugar.
El papel de las agencias humanitarias
Determinadas agencias —como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia Católica— han desempeñado una importante función sobre una base puramente humanitaria, a través de su mediación como interlocutores con los grupos guerrilleros y otras partes del conflicto para prevenir los desplazamientos forzados y garantizar un retorno seguro para una persona o comunidad. La comunidad internacional podría facilitar aún más esta tarea solicitando al Gobierno colombiano que afirme oficialmente que tales contactos no usurpan la prerrogativa presidencial de negociar la paz con los grupos armados no estatales.
En las zonas cuyo control está muy disputado, dichas agencias pueden desempeñar un papel clave en el apoyo a estas comunidades de retornados que intentan garantizar su seguridad solicitando a todas las partes del conflicto que respeten su carácter civil. Para que esta estrategia tenga éxito suele ser necesario el apoyo activo de agencias externas respetables que ayuden a la comunidad a mantener: a) el alto grado de organización interna necesario para presentar un frente unido ante los actores armados, b) canales de comunicación independientes y directos con todas la partes locales del conflicto, y c) alternativas económicas plausibles a la economía de la coca u otras actividades ilícitas que podrían comprometer la "neutralidad" de la comunidad. Aunque esta estrategia parece ser la mejor oportunidad para una protección prolongada de retornados en los territorios muy disputados, la protección que ofrece es frágil y requiere de un trabajo constante para su mantenimiento.
Conclusión
Es importante que los grupos armados no estatales implicados en los conflictos internos no sean vistos como un mero impedimento para el retorno de los desplazados internos. Más bien, deben perseguirse modos pragmáticos de vincular los intereses particulares de dichos grupos y apoyar las estrategias prácticas de protección de las comunidades locales para garantizar el mayor respeto posible para los civiles vulnerables, quienes se ven atrapados en complejas y prolongadas guerras.
David James Cantor es Profesor de Normas Internacionales de Derechos Humanos en el Instituto de Estudios de la Commonwealth, Universidad de Londres. Su próximo libro El retorno de los desplazados: el derecho internacional y su aplicación en Colombia será publicado por la editorial Matinus Nijhoff en 2011.
1 Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), ‘Salto Estratégico o Salto al Vacío’ (27 de enero de 2010), disponible en: http://www.cohes.org. Esto parece ser, además del casi medio millón de colombianos del interés de ACNUR en los países vecinos. Disponible en: http://www.acnur.org/crisis/colombia/paisesvecinos.htm
2 Esta investigación doctoral fue generosamente apoyada por The Leverhulme Trust, el Consejo de Investigación de Humanidades y Letras (Arts and Humanities Research Council) y la Universidad de Essex.
3 Human Rights Watch, ‘Guerra sin cuartel: Colombia y el Derecho Internacional Humanitario’ (1 de Octubre de 1998). Disponible en: http://www.hrw.org/legacy/reports/reports98/colombia/
4 Comandante Manuel Pérez, ‘Declaración Pública’ 15 de julio de 1995, reproducida en Agenda Ciudadana para la Paz, Conversaciones de paz frente al horror: acuerdos humanitarios (Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad, Bogotá 1998), 57-64.
5 Corporación Observatorio para la Paz, ‘Las verdaderas intenciones de las FARC’ (Intermedio, Bogotá 1999) 168-169.