La disponibilidad y las limitaciones de la financiación pueden influir bastante en la respuesta a las migraciones forzadas. Dado que las cuestiones de orientación sexual e identidad de género (OSIG) son relativamente nuevas para muchos actores estatales y ONG, y que las actuales presiones económicas están obligando a que se tomen duras decisiones a todos los niveles, los patrones de financiación actuales juegan un papel decisivo en el desarrollo de esta cuestión.
El término “proveedor de fondos” necesita estar definido para los propósitos de este debate. De hecho, la práctica habitual en éste y otros campos, es agrupar todas las fuentes de financiación bajo la categoría de “donante”, omitiendo así las diversas restricciones y oportunidades asociadas a cada tipo de financiación:
Pública: controlada por los funcionarios del Gobierno, se extrae de los presupuestos de organismos gubernamentales e intergubernamentales. En ella se incluyen los fondos bilaterales de cooperación internacional y de desarrollo así como la financiación aportada por las Naciones Unidas. La financiación pública a menudo está dirigida por las prioridades políticas extranjeras y los compromisos de los Estados.
Privada: incluye la financiación procedente de fundaciones tanto de carácter público como privado (lo que da pie a cierto grado de confusión). Hablando claro, una fundación privada recibe fondos de una fuente o de un reducido número de fuentes con el fin de respaldar actividades benéficas. Los fondos desembolsados por fundaciones privadas proceden de sus activos. Las fundaciones públicas reciben el constante apoyo de fuentes públicas o al menos de un gran número de fuentes. A menudo deben dedicarse a la constante recaudación de fondos para poder mantener sus programas de donaciones. Una fundación de carácter público es básicamente lo mismo que una ONG. La diferencia es que las fundaciones públicas cumplen su misión –y pueden influir en la política– recaudando dinero y concediendo ayudas mientras que la misión de las ONG es recaudar dinero y realizar labores de defensa, ofreciendo servicios, etc. La ausencia de la engorrosa administración del Gobierno permite a algunos proveedores de fondos privados ser más flexibles e innovadores en la concesión de ayudas.
Fuentes y corrientes de financiación
El último y más reciente informe global que realiza un seguimiento de todas las ayudas a nivel internacional destinadas a la OSIG señaló que en 2010 un total de 35,5 millones de dólares estadounidenses habían sido aportados por 64 instituciones a organizaciones y proyectos en 94 países que trabajan a nivel internacional en el Sur Global y en el Este. Estos datos incluían financiación pública y privada. La mayor parte del dinero provenía de la financiación privada. Aunque Suecia, los Países Bajos y Noruega ocupaban los primeros puestos entre los siete mayores países donantes, el total de financiación pública constituía sólo el 36% de los 35,5 millones de dólares estadounidenses, siendo la media de la cuantía de la ayuda de 15.000 dólares estadounidenses y el porcentaje de financiaciones puntuales el 91%.
Muy poco de esa financiación se destina a cuestiones relacionadas con las migraciones forzadas. La mitad de los fondos se destinan a los derechos humanos en un sentido amplio. Sólo se asignaron 601.550 dólares estadounidenses para tratar la problemática de los “derechos de los migrantes/inmigrantes” (incluidos refugiados y solicitantes de asilo), lo que representa el 5,5% de los fondos para ayudas.
Igual de informativa resulta la cuestión de qué entidades estaban concediendo ayudas. El informe señalaba los principales aportadores de ayudas según la cantidad total de dinero para cuestiones relacionadas con la orientación sexual e identidad de género. Una comparación de esta lista con las de mayores proveedores de financiación en el campo de las migraciones forzadas revela que existe una escasa intersección entre ambos[1]. Sólo unas pocas fundaciones con grandes activos ofrecen financiación de manera activa en ambos campos. Si se observan los proveedores de financiación de proyectos relacionados con el colectivo LGBT que más ayudas han proporcionado y se compara con la mayor cantidad de dinero, la superposición entre ambas comunidades de financiación es casi inexistente.
Estos datos pusieron sobre la mesa varias cuestiones: en primer lugar, que siguen apareciendo problemáticas relacionadas con la orientación sexual e identidad de género en el campo de las migraciones forzadas, como que la obligación de los Estados siga sin estar definida y la financiación privada, por reducida que sea, llegue antes que la financiación pública y también sea mayor. Sólo cuando los Gobiernos fijen al colectivo LGBT como objetivo de sus programas de ayuda, los programas de financiación cambiarán para incorporar cuestiones de orientación sexual e identidad de género. En segundo lugar, aun entre los proveedores de financiación privada, los más activos en el campo de las migraciones forzadas siguen sin involucrarse en este tipo de cuestiones. En tercer lugar, la financiación actual y la cuantía de las ayudas aportadas por los proveedores de financiación al campo de la orientación sexual e identidad de género siguen siendo insuficientes para determinados proyectos.
Recomendaciones para los proveedores de financiación
Estos patrones de financiación presentan oportunidades para los proveedores de financiación, en especial para los privados. En primer lugar, la financiación privada ha sido y puede seguir siendo la fuente primaria de apoyo para actividades que documenten y hagan públicas las tendencias de violencia y discriminación al mismo tiempo que establecen redes en las que los miembros del colectivo LGBT puedan identificarse a sí mismos. Del mismo modo que la financiación privada ha respaldado el desarrollo de técnicas de investigación demográfica en el campo de la salud y la elaboración de censos de personas pertenecientes al colectivo LGBT, este tipo de financiación también podría respaldar el desarrollo, la puesta a prueba y la validación de directrices para las entrevistas y la investigación que afecten a la compleja área de la orientación sexual y la identidad de género.
En segundo lugar, los proveedores de financiación privada –a través de las ONG– podrían respaldar el desarrollo profesional y la formación de los miembros del personal de ACNUR y las agencias locales de todo el mundo. Hasta que las cuestiones de orientación sexual e identidad de género se consideren parte de las principales prácticas de las agencias que lidian con las migraciones forzadas, dichos programas requerirán a menudo de asistencia externa. Mientras se desarrolla una política a este respecto, la formación y la adquisición de conocimientos es crucial.
En tercer lugar, los proveedores de financiación pueden apoyar el desarrollo de prácticas en torno a las solicitudes de asilo, los arrestos y la determinación del estatus ofreciendo representación a las personas desplazadas. El papel de la financiación aquí no es ofrecer servicios generalizados sino servicios cuyo objetivo sea promover cuestiones prácticas en las agencias que trabajan en este área que no estén especializadas en orientación sexual e identidad de género.
Por último, los proveedores de financiación que principalmente se dediquen a la concesión de ayudas centradas en las migraciones forzadas pueden a día de hoy avanzar estratégicamente en cuestiones de orientación sexual e identidad de género sólo con tomar unas pocas decisiones respecto a la concesión de las ayudas. Hasta que los patrones de financiación no cambien, quedará un gran potencial de establecer nuevos modelos y precedentes. Estos proveedores de financiación tienen mucha pericia y pueden guiar las innovaciones iniciales en este terreno.
Deberíamos tener en cuenta dos posibles inconvenientes en el uso de financiación privada para el apoyo a las personas del colectivo LGBT que se enfrentan al desplazamiento. En primer lugar, dado que las ayudas de la financiación privada suelen ser pequeñas y realizarse en un sólo pago, esto puede incrementar los riesgos. Dicha ayuda podría hacer que una persona del colectivo LGBT abandonara un peligro inmediato para luego encontrarse con que no tiene una solución duradera o acabando en lugares donde aumentase su grado de vulnerabilidad a largo plazo. En segundo lugar, los proveedores de financiación privada no pueden asumir la responsabilidad de que sus decisiones –dónde y cómo gastar sus fondos– se ajusten a las normas internacionales que afectan a las personas desplazadas.
Andrew Park apark@wellspringadvisors.com es director de programa especializado en programas de orientación sexual e identidad de género, Wellspring Advisors, LLC www.wellspringadvisors.com
[1] Este artículo se basa en las siguientes fuentes: Funders for Lesbian and Gay Issues
A Global Gaze: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender And Intersex Grantmaking In The Global South And East 2010 (Proveedores de financiación para cuestiones relacionadas con gays y lesbianas. Una mirada global: la concesión de ayudas para lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales en el Sur Global y el Este 2010) www.lgbtfunders.org/files/A_Global_Gaze_2010.pdf así como en una búsqueda en Internet del mapa de conocimiento interactivo sobre la filantropía creado por el Foundation Center (www.philanthropyinsight.org)